Jorge Alcázar González
FCSM y Colectivo Prometeo
Crónica Popular
La pasada semana, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a denunciar al
Centro Social Rey Heredia.
En esta ocasión, la denuncia ante la Consejería de Sanidad de la Junta
de Andalucía viene motivada por una cuestión de higiene y salud pública
en el comedor social que lleva funcionando desde hace ya más de nueve
meses.
No es de extrañar, a la luz de la trayectoria seguida por el
Consistorio, esta nueva acción del alcalde, José Antonio Nieto. Lo que
si extraña más y hasta empieza a ser tedioso es el empecinamiento
ideológico y argumental usado por los inquilinos del Ayuntamiento, pues
de nuevo ponen encima de la mesa la cuestión legal para censurar e
intentar impedir cualquier iniciativa que en la
Acampada Dignidad se lleva a cabo, y que no tiene otro objeto que conducir a la expulsión de ésta del colegio.
Ahora bien, ¿cómo es posible que estos señores y señoras del
Partido Popular,
instalados en las antípodas de las necesidades sociales y económicas de
decenas de miles de cordobeses y cordobesas, puedan seguir amparándose
en la cuestión legal para cercenar y criminalizar a las gentes del
Rey Heredia?
El currículo de su partido, plagado de casos de corrupción,
malversación e ilegalidades entre otras lindezas, no es el mejor
compañero para arrogarse la ley como bastión de mando y legitimidad e
ir, cual acusica y chivato, a la administración competente denunciando
la falta de higiene y salud pública en un comedor social que viene dando
de comer, día tras día desde hace nueve meses, a más de cien personas.
Familias enteras que comen gracias a la solidaridad, que no a la
caridad, de comerciantes, vecinos y voluntarios que se afanan en paliar
las miserias producidas por políticas como las desarrolladas por los
inquilinos del Ayuntamiento y sus camaradas de partido y que comen una
comida más apta para el consumo que las políticas y la ética de éstos.
Si viviéramos en un mundo perfecto, el cumplimiento de la legalidad
sería la consecución de un proyecto común, un acontecer necesario y
exigible por todos y para todos por igual. Pero el mundo en el que
vivimos arroja a las cloacas de la miseria y del abandono a más de
38.000 cordobeses y cordobesas. Para el sr. José Antonio Nieto, cumplir
la legalidad significa que estas personas que hasta hoy comían en el
Rey Heredia, dejen de hacerlo o lo hagan a la luz de la caridad tan bien administrada por la Iglesia Católica a través de
Cáritas, Cruz Roja o iglesias varias, siempre y cuando esta llegue y estos den su bendición.
La cuestión que aquí se establece es ¿a qué precio debemos los
ciudadanos y ciudadanas cumplir con la legalidad vigente reclamada por
el sr. Nieto? Cuando la forma de gobierno que nos contempla expulsa de
la vida laboral y social a millones de seres humanos, cuando decenas de
miles de familias son arrojadas de sus casas, cuando políticos y
empresarios corruptos pueden delinquir teniendo la confianza de su total
impunidad ante la justicia y la legalidad vigentes o cuando si las
leyes no valen para unos pocos o una familia real, se reinventan y
basta, ¿hasta qué punto debemos obedecer las normas? El planteamiento
que desde la alcaldía de Córdoba se hace obedece a una interpretación
maniquea y oportunista de la realidad. Ese cumplimiento de la ley que
las instituciones municipales exigen no tiene su ejemplo para con los
derechos de nosotros, la ciudadanía, y las obligaciones que ellos, el
Consistorio, tiene para con ésta.
Corte del agua potable por parte de la compañía que preside el alcalde
Al Alcalde y a la señora Botella se les olvidó adjuntar en la
denuncia que una de las causas del incumplimiento en la normativa
higienico-sanitaria es la ausencia de agua potable; ausencia debida al
corte de agua que el
CS Rey Heredia lleva sufriendo desde hace más de 6 meses, y que obedece a los designios del presidente de
Emacsa,
el a la postre alcalde de Córdoba, José A. Nieto. De la misma forma,
tampoco anexan que todas las bocas de riego próximas al colegio
Rey Heredia
han sido cegadas con cemento o que para que haya agua potable, las
gentes que pueblan el Rey Heredia tienen que hacer cadenas humanas para
transportarla en cubos desde las fuentes más cercanas hasta la cocina o
los baños del colegio.
¿Es legal la actuación del sr. Alcalde y de su equipo de gobierno?
Por supuesto que sí. Tan legal como la exigencia reiterada con presiones
a las más altas instancias de
Endesa para que se corte la luz en el colegio, el desatender el compromiso contraído con el
Consejo de Distrito Sur y el
CS Rey Heredia
para su cesión al primero o el incumplimiento de promesas electorales
como la de no presentarse a la reelección si en Córdoba había un solo
desempleado más que cuando el ínclito, sr. José A. Nieto, llegó a la
Alcaldía:actualmente hay 6.000 parados más en la capital cordobesa.
¿Es legal que en España cada vez los ricos sean más ricos y que el
número de pobres y su pobreza se disparen alarmantemente, como estudios
recientes señalan? Pues sí, es completamente legal. Pero de la misma
forma, la legalidad más alta a la que un jefe de gobierno, Presidente
Autonómico, Alcalde o simplemente político tiene que obedecer pasa por
hacer cumplir, entre otras, la Constitución Española o los Derechos
Humanos, ambos documentos máximos de nuestra normativa y vinculantes
para todo gobierno y que hoy son papel mojado en materia de derechos
sociales, laborales y humanos. Para nosotros, cuando la legalidad deja
de cumplirse en aras de beneficios individuales o de clase, cuando la
Justicia española y las instituciones no velan por el cumplimiento de
ésta y se someten a los arbitrios y motivaciones de una minoría, la
legalidad ya no es garante de nuestra integridad.
Desde el
Rey Heredia, desde la forma de entender el mundo de
todos y todas los que allí participamos, la legalidad que ellos reclaman
no se acompaña de la legitimidad que debe cortejarla. Ustedes, señores
políticos del Partido Popular, no están legitimados para reclamarnos
ningún tipo de legalidad, para exigirnos que cumplamos con unas normas
que ustedes mismos nos impelen a incumplir. No es un acto de rebeldía
sin causa lo que desde el Rey Heredia hacemos. Nuestras motivaciones
hunden sus raíces en tierras más profundas, y esto precisamente es lo
que genera el miedo que les embarga. Pues, ¿qué ocurrirá cuando el
proceso legal que han emprendido contra la ocupación y contra los diez
compañeros y compañeras hoy imputados se dilate en el tiempo? ¿Qué va a
ocurrir con su “intachable” expediente político de cara a las próximas
elecciones municipales? ¿Qué pasará cuando cada uno de nosotros y
nosotras se convierta en un ciudadano consciente que lucha por sí y los
de su clase?, y ¿qué con los que hoy vienen a comer o a recibir clases
particulares, o acuden al huerto, o a lo que sea, y mañana empuñen la
justicia y la razón de su clase contra todos aquellos que quieren
hundirlos en la miseria y que ustedes y sus acólitos representan?
Éstas son las preguntas y las motivaciones últimas de su proceder.
Éstos los miedos. No es el principio de legalidad, la normativa ni otras
historias. Son éstas mismas razones las que propician su actuar y el de
los suyos. Por esto en los plenos, junto con los demás miembros, sean
de su partido o de otro, cuando las gentes del
Rey Heredia les
increpan a la cara, agachan las suyas para ocultar su vergüenza y su
miedo ordenando, acto seguido, el desalojo de una sala presa todavía por
las voces que reclaman y seguirán reclamando agua y luz para el
Rey Heredia,
justicia y ética para el país en que viven. Voces que cada vez serán
más y más altas y que a coro cantarán aquellos versos del poeta: “A
galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar”, para mal de sus
señorías y de sus agradecidos estómagos.
