“Nosotros sabemos dónde estás metida tú”, le espeta la trabajadora
social a Lucía. El nosotros vigilante al que se refiere es el
ayuntamiento de un municipio de Tierra de Barros; Lucía es una madre
separada con dos hijos, perceptora de la renta básica de inserción; y el
sitio inmundo dónde, según la funcionaria, está metida son los
Campamentos Dignidad.La trabajadora social ha citado por escrito a la
indómita beneficiaria de la ayuda pública para “hacer el seguimiento del
Proyecto Individualizado de Inserción” recordándole que, caso de no
asistir, “se tomarán las medidas contempladas en el decreto ley 4/2014,
de 26 de agosto”. La medida a la que se refiere, farfullada en la
inconfundible y temible jerga de los burócratas, no es otra que la
pérdida de la renta básica al menos por un mes, que es la sanción más
leve que establece la nueva normativa.
Lucía ha tenido la osadía de requerirle una copia del documento, de “su” proyecto de inserción. Ya que me quieren insertar, que al menos sepa dónde y cómo. Y a la indócil usuaria de los servicios sociales le ha caído la del pulpo. “Recuerda que el informe social para que te renuevan la renta básica tengo que hacértelo yo, que soy la técnica”, concluye la profesional.
En este sencillo episodio, uno de tantos de ese calvario cotidiano al que están sometidas las personas más desvalidas en Extremadura, están resumidas las claves y la vileza a la que apunta el nuevo decretazo-ley que regula la renta básica. La trabajadora social, con desparpajo, no hace sino interpretar fielmente la orientación de la nueva norma. Ella sí sabe de qué va este baile, apenas inteligible desde fuera. Esto, claro que sí, va de clientelismo y de pauperismo, de domar pobres, de lucha entre nosotros, los de arriba, y vosotros, los de abajo.
Pensaron que les sería fácil deshacerse de aquel enjambre de parados en lucha llamado Campamento Dignidad. Para empezar, levantaron una empalizada de burocracia. A uno le pedían la copia del contrato de arrendamiento a pesar de que el casero era la propia Junta de Extremadura. A otra, los recibos de haber pasado la ITV del coche. A aquel, la fe de vida y a aquella otra el certificado de asistencia a la escuela de sus hijos. Así juntaron 700.000 documentos, más de 30 por solicitante, “una montaña de datos”, dice ahora Monago, sin el más leve signo de rubor o vergüenza.
Y así, haciendo presentar tres veces las solicitudes a éste y diciendo que se habían extraviado los papeles de aquel otro, subcontratando la gestión de la renta básica a empresas externas como GPEX para dilatar aún más la resolución de las demandas y cerrando a capricho el punto de atención directa a las reclamaciones, fue pasando el tiempo. En 16 meses, tras la presentación de 22.000 solicitudes, no han llegado a cobrar ni siquiera 2.000 personas.
Toda una maquinaria para clasificar y manosear pobres, para entresacar fingidos pobres de entre los verdaderos. Para hacer aquello que denunciaba el fraile Domingo de Soto en el siglo XVI “Poner tantos ojos y tantos ejecutores contra los pobres que no tengan otro negocio sino el escudriñarlos y acusarlos y examinarlos, no parece tanto del amor y misericordia de los verdaderos pobres como de algún odio o hastío de todo este miserable estado”.
Sí, sabemos que escudriñar pobres viene de antiguo. Y sabemos también que los caciques nunca se acabaron de ir de Extremadura, que son pura entraña de esta tierra, marca de estos páramos, segunda piel de la política más allá de los discursos.
Sí, sabemos que a Monago y a sus secuaces les da igual que Manoli se coja una depresión, que Rocío llore a mares de impotencia, que a Alfonso “se le acumulen los numeritos”, que Pilar tenga que enganchar el agua, que Petri no pueda pagar las medicinas o que José, literalmente, no tenga dónde caerse muerto.
Y sabemos por qué y para quienes lo hacen. “Que el mercado se encargue de los pobres y las cosas se arreglarán solas”. ¿Cómo iban a conseguir que los jornaleros de Tierra de Barros vayan a coger aceituna a esportón por 25 euros? ¿Cómo iban a lograr el abaratamiento del despido a la cuarta parte o los contratos con un año de prueba, sino es con un ejército de lázaros, con la minuciosa coacción de la miseria?
La miseria, como la injusticia, tiene nombre, apellidos y dirección. “Se ha ido un poco lento porque la Renta Básica sale del bolsillo de los extremeños y nuestra obligación era controlarlo para que llegara al que le hace falta” dice Monago. Y lo dice él, el cuarto presidente autonómico mejor pagado de toda España. Desde su chalé de lujo en Las Vaguadas nos advierte sobre la naturaleza defraudadora de la morralla y sobre la necesaria escrupulosidad en la gestión del dinero público.
Pero no parece que Monago sea tan celoso del dinero público en todas las ocasiones ¿De dónde sale y salía el sueldo de Clemente Checa, Presidente del Consejo Consultivo de Extremadura al tiempo que asesor remunerado de ayuntamientos y empresas? ¿De dónde salen, por poner sólo un ejemplo más, los 1’8 millones de ayudas agrarias que Cañete cobró siendo ministro de agricultura para subvencionar a sus fincas, algunas de ellas en Extremadura, concretamente en Llerena y Fuente de Cantos? Monago habla con lengua de serpiente. Emponzoña con la sospecha a la gente más pobre y protege activamente los desmanes de la élite política de Extremadura.
Se creen impunes. Y ahora vienen con un nuevo enredo a la medida de sus intereses de clase y de su miedo electoral. Pero los tiempos están cambiando y los parados, los precarios, las gentes de abajo ya no comen cuentos. Nosotros también sabemos en qué cubiles están metidos todos ellos. Ni el clientelismo, ni la represión ni los cambalaches arrebatarán un derecho, el de la renta básica, que el pueblo extremeño arrancó al poder en la calle.
Manuel Cañada, miembro de los Campamentos Dignidad de Extremadura
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