LA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL COMO GARANTE DE LA SALUD PÚBLICA
La aparición en nuestro país del primer caso de contagio de ébola en
Europa ha provocado una alarma social de primer orden, así como un
debate sobre la actuación de las autoridades sanitarias y el Gobierno en
la gestión de la crisis.
Esta situación se remonta a la decisión de la repatriación de los dos
misioneros españoles infectados. Si bien es cierto que en medicina no
existe el “riesgo cero” y que este traslado suponía un potencial peligro
para la población, también lo es que no estaba desaconsejado ni por el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense
(CDC) ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque algunos
profesionales mostraron su disconformidad por la medida y entendiendo
que es mucho más eficaz dedicar recursos para fortalecer los sistemas
locales de los países originariamente afectados, desde el Frente Cívico
“Somos Mayoría” (FCSM) pensamos que no debe perderse de vista el aspecto
humanitario y, sobre todo, solidario al que debe aspirar una sociedad
madura. Además, la defensa de una sanidad universal exige luchar por un
sistema sanitario que no establezca discriminación en cuanto a la
atención al paciente, ya sea un misionero en África o un inmigrante
indocumentado en nuestro territorio.
Nos resulta una manifiesta hipocresía entrar en este tipo de debates
justo cuando el virus del ébola afecta a ciudadanos occidentales,
convirtiéndose en una noticia de alcance. Se demuestra así que el
derecho a la salud no se distribuye de forma equitativa en todo el
mundo, ya que sólo existe en ciertas partes cuando en caso contrario
puede afectar a las poblaciones de los países occidentales.
Otra cuestión distinta es no tomar la decisión de la repatriación de
los enfermos si no existe la certeza de que nuestro sistema de salud
está suficientemente capacitado para atenderlos minimizando los riesgos
de una posible transmisión de la enfermedad, es decir, cumpliendo los
protocolos. Y es este punto el que nos parece de extraordinaria gravedad
al ser la consecuencia de un proceso de mercantilización de la salud
que solo busca aumentar los beneficios económicos de intereses privados.
El progresivo desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud,
especialmente grave en comunidades como Madrid, solo puede provocar
situaciones de falta de recursos humanos e infraestructuras, preparación
inadecuada del personal que tiene que enfrentarse al virus e
improvisación de las actuaciones como las que venimos observando estos
días. Cuando la Salud Pública tiene como principal objetivo el ahorro,
en nombre de la sacrosanta austeridad, y no la gestión de los recursos
en función de las necesidades, podemos encontrarnos en situaciones en
las que se actúa más de cara a la galería que para asegurar el bienestar
de la población.
La acumulación de los sucesivos recortes presupuestarios, con la
consiguiente reducción de personal, y la privatización de la sanidad
pública nos ha provocado que abordemos la crisis desde una planta
desmantelada del otrora centro de referencia para el control de
enfermedades infecciosas, sin material suficiente y con el personal
especializado y con experiencia asignado en otras localizaciones, y todo
ello en una comunidad autónoma donde se abolió la Dirección General de
Salud Pública, se desestructuró la planificación sanitaria del
territorio anulando las áreas de salud y se planteó la privatización de
la prestación de servicios. El hecho de que el Hospital Carlos III vaya a
convertirse en un hospital auxiliar del Hospital General de la Paz y
encargado de la atención a pacientes crónicos, y menos rentables, señala
los intereses que persigue esta “racionalización” del gasto sanitario.
En este momento asistimos a una campaña mediática, y de parte del
Ministerio de Sanidad, para computar como error humano lo que es un
despropósito en la gestión y planificación sanitaria. Si, como cualquier
especialista sabe, los protocolos de control de infecciones no suelen
fallar en la identificación de la fuente o la vía de contagio si no por
la insuficiente adherencia del personal sanitario, la responsabilidad
está en manos de aquellos gestores que no proporcionan ni los
conocimientos ni los recursos necesarios para controlar este brote. El
que un profesional sea considerado suficientemente preparado para
afrontar esta situación de riesgo tras recibir un curso de una hora de
duración en el manejo de un traje de aislamiento es el culmen de los
despropósitos y la ineptitud de los responsables sanitarios. Esto es
palpable al comprobar la sucesión de errores en el control a posteriori
de la actividad de los pacientes infectados.
Esta crisis señala el daño producido por los responsables políticos
del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud a la Salud Pública
en nuestro país a través de sus políticas de recortes de presupuestos,
reducción de personal y disminución de los servicios prestados a la
población.
Desde el FCSM exigimos responsabilidades a las autoridades políticas
sanitarias, pedimos un entorno de respeto y medios suficientes para
permitir que los profesionales sanitarios realicen su trabajo y
solicitamos precaución a los medios para no crear un alarmismo
injustificado que empeore la situación.
Madrid, 8 de octubre de 2014
Mesa Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría”
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