Este artículo se encuentra incluido en el informe Precariedad y
Cohesión Social, publicado por la Fundación FOESSA y Cáritas,
disponible aquí
Cómo hemos llegado hasta aquí: orígenes del endeudamiento
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda
pública española cerrará 2013 en un 93,7% del PIB. Se trata de unas
tasas inusualmente elevadas, inéditas desde las recurrentes crisis de
deuda pública entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque no
se trata todavía de una crisis de deuda soberana hay razones para la
preocupación. El motivo es triple.
En primer lugar el vertiginoso incremento de la deuda pública, que en
2007 representaba un 36,3% del PIB. Es decir, su peso sobre el total de
la economía española se ha más que duplicado en apenas seis años. Y en
2014 muy probablemente rebase la barrera psicológica del 100% del PIB.
En segundo lugar el gigantesco volumen de deuda privada, sobre todo
de empresas y entidades financieras. Pensemos que si en conjunto a
finales de 2012 el total de deuda representaba un 435% del PIB, un
330,8% sobre el PIB era deuda privada (de empresas no financieras,
instituciones financieras y hogares), mientras «solo» un 104,2% era
deuda pública[1]. En realidad, se trata sobre todo de deuda empresarial:
la deuda acumulada por bancos y sociedades no financieras supone más de
dos veces y media del total perteneciente al Estado.
El tercer motivo de preocupación es el elevado componente externo de
la deuda acumulada, derivado de la dependencia respecto a la
financiación foránea. Así, en 2009 el saldo de deuda externa bruta del
total de la economía alcanzó el 167,7% del PIB (más de 1,7 billones de
euros), mientras que la deuda exterior neta (que descuenta lo que el
exterior le debe a España) se cerró en un 93,7% del PIB [2]. Solo siete
años antes, en 2002, ésta representaba aproximadamente el 42% del PIB.
La mayor parte de la deuda externa, como ocurre con la deuda total, la
acumulan los agentes privados: en 2009 apenas el 17% de la deuda externa
bruta total correspondía a las Administraciones Públicas (22,7% en el
tercer trimestre de 2013).
El Gráfico 1 ilustra esa evolución del endeudamiento de los distintos
agentes económicos desde 1994 hasta el segundo trimestre de 2013. El
endeudamiento privado crece desde los años noventa para volver a
repuntar sobre todo a partir de 2004, cuando se intensifica el
crecimiento del crédito. Mientras, el crecimiento de la deuda pública no
se dispara hasta 2008, una vez iniciada la recesión. Estamos, por
tanto, ante una crisis que en origen es de sobreendeudamiento privado y
donde, como veremos, el gasto público comienza a ganar peso no tanto por
una política fiscal expansiva ni por el rescate a entidades
financieras, aunque sí lo haría posteriormente.
Gráfico 1.
Deuda total por agentes económicos
(Datos trimestrales en billones de euros, 1994-2013*)
*datos hasta junio, inclusive.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
¿De dónde viene la deuda privada?
Tanto la deuda de instituciones financieras, como la de sociedades no
financieras y hogares aumenta durante el período analizado. Si al
inicio del ciclo de crecimiento económico, en 1994, la deuda privada
representaba un 89,8% del PIB, en2007 ya suponía un 311,5%, para
encaramarse al 330,8% al término de 2012. Es decir, ese año las
empresas, instituciones financieras y familias españolas acumulaban una
deuda equivalente a más de tres veces el valor total de bienes y
servicios producidos por la economía española durante ese año.
Como se aprecia en el Gráfico 1, el aumento de la deuda privada es
muy distinto para cada grupo de agentes económicos. Quizá las
diferencias de comportamiento se observen mejor en el gráfico siguiente.
En él, a efectos de comparativa, daremos el mismo valor 100 a las
diferentes cifras de deuda de cada grupo económico. Con estos números
índice podremos observar la trayectoria comparada en la deuda de unos y
otros.
Gráfico 2.
Evolución de la deuda por agentes económicos
(Datos trimestrales en números índice, marzo 1994 = 100)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España
Como se aprecia en el Gráfico 2, el proceso de endeudamiento ha sido
protagonizado claramente por las instituciones financieras. Esto tiene
sentido en la medida en que han servido como intermediarias que captaban
la financiación, fundamentalmente del exterior, para conceder préstamos
a empresas, hogares y, en menor medida, al Estado. Cabe añadir que, en
el caso de las empresas su endeudamiento es casi todo vía bancaria, por
lo que este revierte en más deuda también de los bancos para poder
financiarlas. La abultada diferencia reduce la escala en el gráfico, por
lo que visualmente se percibe menos el intenso repunte de la deuda
pública registrado a partir de 2008 y del que nos ocupamos a
continuación.
¿De dónde viene la deuda pública?
El auge de la deuda soberana en los inicios de la crisis se explica
por una combinación entre incremento del gasto y desplome de los
ingresos públicos. Como resultado el saldo presupuestario registra un
déficit del 4,8% del PIB en 2008 y del 11,2% al año siguiente.
Por el lado del gasto, su aumento inicial no fue motivado por el
rescate a entidades financieras. Tampoco por una decidida política de
gasto público, que apenas contó con el fugaz y controvertido Plan E,[3]
sino que el principal factor explicativo radica en las prestaciones por
desempleo. Es decir, gasto derivado no de planificación en materia de
política económica, sino de activarse un derecho social como son estas
prestaciones. De hecho, según explica Lago Peñas (2012), el 43% del
incremento (30.183 millones de euros) en el gasto público entre 2007 y
2009 se debe a prestaciones sociales, derivadas a su vez de la
destrucción de empleo y el consiguiente aumento de las prestaciones por
desempleo.
Por el lado de los ingresos, su derrumbe está vinculado con su
elevada dependencia respecto a la tributación sobre los salarios y el
consumo, amén de las aportaciones procedentes de los bienes inmuebles.
Tengamos en cuenta que, según datos de AMECO, los ingresos fiscales
pasaron de representar un 41,7% del PIB en 2007 a un 35,2% en 2009.
Además, de 2010 en adelante los recursos públicos destinados a sanear
bancos privados aumentan significativamente. Según datos de la Comisión
Nacional de la Competencia (ver bibliografía), el sector financiero
absorbió ese año un 94,2% del total de ayudas públicas. El total de
ayudas públicas fue en 2010 de 87.145 millones de euros y 84.194
millones de euros en 2011, sumando recapitalizaciones directas,
garantías estatales y medidas de liquidez distintas de garantías. La
situación se agrava progresivamente y, en 2012, la desastrosa gestión
del caso BFA-Bankia con el posterior rescate financiero por la
troika(Comisión Europea, BCE y FMI) para recapitalizar a la banca significó un nuevo repunte de la deuda pública.
Esta combinación de recorte del gasto social y aumento de las cargas
originadas por el peso de la deuda pública, derivadas del rescate
bancario, supone en la práctica una socialización de deuda privada
(Medialdea, 2012). Ello con el agravante de que la población más
afectada por las políticas de austeridad paga por una crisis bancaria
que no originó.
Gráfico 3.
Evolución de la deuda pública y la de instituciones financieras.
(Datos trimestrales en billones de euros, 1998- 2013*)
*datos hasta junio, Inclusive.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España
El vínculo entre la deuda de las instituciones financieras y del
Estado viene principalmente por dos vías: avales públicos concedidos a
entidades financieras y ayudas directas para la recapitalización
bancaria.
En el primer caso, si bien inicialmente el Estado español apenas
dedicó dinero al sector financiero, aprobó un programa de avales
públicos prorrogables de hasta 100.000 millones de euros sobre títulos
que emitieran los bancos y cajas para financiarse. Se trataba así de
reforzar la confianza por parte de los inversores, con lo que se
mejoraba el complicado acceso a los mercados mayoristas de crédito. Pero
al concederse sin siquiera verificar antes la situación de quién
recibía el aval, en la práctica se socializaba un riesgo privado
(Sanabria y Garzón, 2014).
En el segundo caso según datos del FMI (2013) sólo en
recapitalizaciones directas a bancos el Estado español había destinado
hasta el mes de agosto de ese año un total de 63.558 millones de euros.
b) Cómo se ha gestionado la crisis de deuda: margen de maniobra y opciones seguidas
Las tensiones sobre la financiación pública comenzaron entre finales
de 2009 e inicios de 2010. Con la crisis griega arrecian los ataques
especulativos sobre las economías periféricas, avivados por la
posibilidad de algún tipo de ruptura de la Unión Monetaria. En el caso
español, a esas dudas se le sumaba el ya comentado sobreendeudamiento
privado (en gran parte externo), además de las crecientes suspicacias
sobre la salud del sector bancario. No en vano, según el Banco de
España, en 2007 el sector de la construcción representaba un 17% del PIB
y los bancos concentraban como promedio un 56% de su negocio en
actividades vinculadas al ámbito inmobiliario (un 73% en el caso de las
cajas). En ese contexto, una combinación de desplome en el precio de los
activos inmobiliarios unido al corte en el suministro de financiación
externa para los bancos sería desastrosa. Y eso fue lo que ocurrió.
Una vez que se dispara el aumento de la deuda pública el margen de
maniobra para la política económica se estrecha. Primero, por el mayor
coste que suponen las subidas en los tipos de interés de los bonos. Y
segundo, por la mayor carga económica que supone un mayor volumen de
deuda. En el caso español, recordemos, se suma otro limitante: el
elevado nivel de endeudamiento externo, que impone la necesidad de que
la cantidad de dinero que entra en el país sea mayor que la que sale, a
fin de disponer de la liquidez necesaria para pagar esa deuda exterior.
Para el Estado esto se traduce en la necesidad de lograr superávits
presupuestarios, para lo que se recorta el gasto público y se suben los
impuestos. También se precisa un saldo exterior positivo, que se
persigue mediante una «devaluación interna» que reduce precios y
salarios para hacer más competitivas las exportaciones (Estrada
et al., 2013).
Desde los primeros meses de 2010, al superar la prima de riesgo[4]
los cien puntos básicos, el gobierno abandona sus puntuales políticas de
estímulos fiscales y apuesta decididamente por esos recortes de gasto y
subidas de impuestos. Asimismo, se acometen diversas «reformas
estructurales», que en la práctica suponen limitar derechos sociales:
pensiones, prestaciones por desempleo, atención a la dependencia,
sanidad, educación… En agosto de 2011 los dos principales partidos a
escala estatal pactan una reforma constitucional para, entre otras
cosas, priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier necesidad
social.
Las limitaciones son pues evidentes, tanto en lo que respecta al
coste en sí de la deuda y la dependencia financiera de la economía
española como las exigencias impuestas por las autoridades europeas. En
ambos casos se trata de priorizar los intereses inmediatos de los
acreedores por encima de cualquier otra consideración. Pero la
estrategia de austeridad seguida supone agravar tales problemas y
limitaciones, puesto que parte de un diagnóstico equivocado y sus
efectos solo empeoran la situación.
Ante la prioridad de reducir su endeudamiento, las empresas no
invierten, los bancos no prestan y los hogares no consumen. El Estado,
lejos de compensar esta situación ahonda la recesión con sus recortes.
Quedan las exportaciones, que pudieran compensar parcialmente el
derrumbe de la demanda interna, pero aparte de ser un sector pequeño en
España, las principales economías de destino están inmersas en esa
estrategia suicida de la austeridad. Para vender nos tienen que poder
comprar.
El resultado de esas políticas de recortes supone, aparte de un
deterioro democrático ante la merma de derechos y el incremento en los
niveles de desigualdad social, un efecto contraproducente en los propios
objetivos oficiales con respecto a la deuda pública. Así se observa en
la evolución de la deuda pública en el Gráfico 4.
Gráfico 4
Evolución de la deuda pública y del pago de intereses
(% con respecto al PIB)
1995-2013
*Los datos del PIB en 2013 se corresponden a la estimación del FMI.
Los tipos de interés de ese año son los fijados en los Presupuestos
Generales del Estado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España, FMI y Ministerio de Hacienda.
El incremento acelerado de la deuda pública, apreciable desde 2008,
conlleva un riesgo de efecto conocido como «bola de nieve»: los costes
por el pago de la deuda redundan en un endeudamiento todavía mayor. El
gráfico muestra, no obstante, cómo la carga por intereses con respecto
al PIB es, y ha sido a lo largo de la crisis, inferior a la soportada a
mediados de los años noventa, si bien en julio de 2012 el bono a 10 años
llegó a alcanzar un interés del 6,80% antes de la intervención del BCE.
Con todo, la parte dedicada al pago de intereses de la deuda suponía en
2013 una cuarta parte de todo el presupuesto estatal. Y según sigue en
aumento el volumen de deuda, se incrementa también la carga destinada al
pago de intereses aunque los tipos incluso bajen. El problema en todo
caso no está solo en los tipos, sino en el propio coste que supone
financiar un volumen de deuda tan abultado y creciente. Así, si sumamos
al gasto presupuestado en intereses la amortización de la deuda para
2013, su coste total representa un 10% del PIB.
Además, el aumento de la ratio deuda pública/PIB no depende solo del
numerador (deuda), sino también del denominador (PIB), puesto que las
políticas de ajuste inciden negativamente sobre el crecimiento,
reduciendo el PIB (lo que dificulta adicionalmente el ajuste fiscal).
Pero la insensatez de las políticas de austeridad va más allá.
Teniendo en cuenta que estamos ante una crisis bancaria por
sobreendeudamiento privado, lo adecuado serían políticas activas de
lucha contra el desempleo y la pobreza, generadoras de rentas que
permitieran saldar las deudas pendientes. Lo contrario solo alimenta los
impagos y profundiza la crisis bancaria. Recordemos además que el
Estado se ve arrastrado por la crisis bancaria, ya que ha concedido
sustanciales avales y garantías al sector bancario. Según cálculos del
FMI hasta verano de 2013 el total de garantías todavía vigentes era de
154.217 millones de euros. El ajuste pone en riesgo la propia viabilidad
bancaria al agravar la situación en la economía de hogares empresas, de
la que dependen los bancos. En el Gráfico 5 se observa la vinculación
directa entre la tasa de morosidad crediticia en los bancos con las
cifras de desempleo. El mayor riesgo para los bancos no está en las
cifras del PIB, sino en el nivel de paro.
Gráfico 5.
Créditos morosos y tasa de desempleo (Datos trimestrales en %
2005-2013*)
* Hasta septiembre inclusive.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE.
c) Qué se puede hacer: Experiencias internacionales
Señalábamos antes las limitaciones que la crisis por
sobreendeudamiento impone al Gobierno español, tanto por el componente
privado y mayormente externo de los compromisos de pago como por la
pertenencia a una unión monetaria donde cualquier decisión se ve
complicada al compartir área acreedores y deudores (Sanabria, 2012).
Pero las limitaciones no implican que no que no haya otras opciones.
Hay alternativas incluso desde la moneda única. El primer paso sería
revertir las políticas de recortes. No existe evidencia empírica alguna
de crisis de deuda solventada vía austeridad. Al revés, la resolución de
todas ha implicado políticas expansivas, indispensables para reanimar
la economía. Asimismo, todas las crisis de deuda se han resuelto también
con mayor inflación y alguna forma de impago. La prioridad de los
ajustes no es garantizar la recuperación económica, sino los pagos a los
acreedores eludiendo su responsabilidad como tales. Por tanto, se trata
de decir “no” al ajuste y ejercer el poder como deudor (Medialdea y
Sanabria, 2012). Cualquiera que fuese la reacción de la
troika nunca será peor que mantener el
statu quo vigente; y a la parte acreedora tampoco le interesa ir demasiado lejos en su réplica.
Si como hemos dicho la crisis es bancaria, será esencial resolver la
situación de las entidades y determinar las causas para evitar su
repetición, lo que hace necesario revertir el proceso de liberalización y
desregulación financiera. Poner fin al chantaje que implica el
«demasiado grande para caer» de los bancos. En cuanto al saneamiento de
entidades encontramos un buen ejemplo en el caso sueco[5] tras la crisis
bancaria de 1992. Sintéticamente, se aplicó un modelo
bail-in,
es decir: los costes para su recapitalización parten en primer lugar de
los accionistas y bonistas propietarios de esos bancos. La parte
restante del agujero patrimonial no cubierta por los capitalistas es
aportada por el Estado. Ninguna crisis bancaria sale gratis para los
contribuyentes, pero al menos en este caso el Estado ejerció como nuevo
propietario despidiendo a la antigua junta directiva.
El caso de Islandia fue similar en este sentido, en la medida en que
los propietarios de los bancos también participaron en costear la
recapitalización de las entidades rescatadas y el Estado pasó a ejercer
control sobre ellas. Pero añade otro factor al que nos referíamos en el
Gráfico 5: Las autoridades fueron conscientes de que no se resolvería la
situación bancaria sin atender a la población. Por ello se han aprobado
quitas para deudas hipotecarias superiores al 110% del valor del
inmueble.
Más atrás en el tiempo, durante la Gran Depresión, el presidente
estadounidense Roosevelt puso en marcha un programa de reestructuración
de la deuda de los hogares creando un banco malo, Home Owners’ Loan
Corporation (HOLC), que compraba las casas hipotecadas a precios
inferiores a los apuntado en libros y renegociaba con las familias las
condiciones de pago en función de sus posibilidades. Aparte de atender
al drama social de los desahucios, al final de su actividad, en 1953, la
HOLC registraba beneficios netos.
Con respecto a la deuda pública también hay alternativas. En primer
lugar revertir el actual orden de prioridades para hacer primar los
derechos sociales básicos frente al pago de la deuda, e impulsar
políticas de inversión pública sostenible y redistribución de la renta.
Asimismo, es imprescindible realizar quitas sobre las deudas
hipotecarias de los hogares atendiendo a su capacidad de pago, con el
objetivo explícito de que no se queden sin vivienda. Paralelamente, el
parque inmobiliario que concentra la SAREB puede ser utilizado para
crear un parque público de viviendas de alquiler social. Se consigue con
ello atender a una demanda social urgente, mientras se detiene la
deflación en el precio de la vivienda y se frena el deterioro en los
activos bancarios. Se requiere asimismo de una auditoría de la deuda
pública, a fin de determinar qué parte puede ser considerada ilegítima.
Esta auditoría de la deuda ya fue aplicada en Ecuador y abrió un proceso
de renegociación de la deuda que supuso un ahorro estimado en 7.200
millones de dólares.
En definitiva, se trata tan solo de algunas experiencias donde se
priorizaron los derechos de los deudores frente al interés de los
acreedores. Y lejos de resultar un desastre, permitieron a estas
economías salir adelante y evitar el círculo vicioso de endeudarse para
pagar la deuda. Se trata de algo conocido ya desde la Antigüedad con la
celebración de jubileos. Se entendía entonces que, en determinadas
situaciones, la opción del impago resultaba la menos perjudicial para
todas las partes.
Bibliografía
-Comisión Nacional de la Competencia (varios años):
Informe Anual sobre ayudas públicas en España. Disponibles
aquí
-Estrada, B. (coord.); Paz, Mª J.; Sanabria, A. y Uxó J. (2013):
Qué hacemos con la competitividad, Akal.
-FMI (2013):
Spain. Article IV Consultation. Country Report
13/244 (agosto) Disponible
aquí
-Lago Peñas, M. (2012): «El gasto público: un falso culpable». Fundación 1º de Mayo, Informe 46 (enero). Disponible
aquí
-Medialdea B. (2012) «Deuda, banca y recortes»,
Anuario Sociolaboral 2012, Fundación 1º de Mayo, págs. 241-252. Disponible
aquí
___ (coord.) (2013):
Qué hacemos con la deuda, Akal.
-Medialdea B. y Sanabria, A. (2012): «La “crisis de la deuda” en
Europa”: lecciones y alternativas de la experiencia latinoamericana»,
Boletín del Centro de Documentación Hegoa, 32 (octubre). Disponible
aquí
-Sanabria, A. (2012): «La crisis del euro y la dictadura de los acreedores»,
Momento Económico, 23-24, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Disponible
aquí
NOTAS:
[1] Se trata del porcentaje considerando el total de pasivos y
préstamos del Estado. Las cifras oficiales son algo menores porque se
rigen por los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) fijado
por Bruselas. Así, según estos criterios la deuda pública sobre el PIB
en 2012 fue el 86%.
[2] Las cifras al momento de escribir estas páginas son del 163% y 98% del PIB respectivamente.
[3] Se destinaron 7.860 millones de euros en 2009 y 4.250 millones en
2010. En contraste, según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto
presupuestado para desempleo pasó de 19.616 millones de euros en 2009 a
30.975 millones en 2010.
[4] La prima de riesgo o riesgo-país es un indicador del riesgo de
impago percibido por los inversores en un país. Es la diferencia entre
la rentabilidad ofrecida por el bono del Estado español a diez años con
respecto a la de ese mismo tipo de bono alemán (
bund),
considerado como el más seguro. Cuanto mayor sea el riesgo de impago
percibido por los inversores, mayor será el tipo de interés que el país
ofrecerá para que éstos adquieran su deuda pública.
[5] Obviamente, no se trata de casos idílicos por que muestran cómo
son posibles otras opciones. Una exposición más detallada se puede
encontrar en el libro
Qué hacemos con la deuda, Akal, 2013.
economiacritica.net
PEDRO MONTES FERNÁNDEZ: Economista
del Servicio de Estudios del Banco de España desde 1969, tiene una
amplia experiencia profesional, especialmente en los diversos campos de
la macroeconomía. Cubrió durante 15 años la sección “Información
Económica” de la revista Moneda y Crédito. Columnista,
conferenciante y autor de centenares de artículos especializados y de
divulgación, publicados en prensa y revistas de economía y política.
Coautor de libros colectivos como Reflexiones sobre política económica, Europa y la Izquierda o La larga marcha neoliberal, es autor de La integración en Europa. Del Plan de estabilización a Maastricht (1993) y El desorden neoliberal (1996).
Militante de la izquierda y asesor de los sindicatos, mantiene
posiciones críticas sobre la economía ortodoxa y la política económica
neoliberal.
JOAN TAFALLA: Maestro de enseñanza primaria y miembro de las asociaciones Espai Marx y El Caracol Maya, Joan Tafalla es autor de Un cura jacobino: Jacques-Michel Coupé y coautor, con Irene Castells, de Atlas histórico de la Revolución Francesa (2011), además de coeditor con Josep Bel y Pep Valenzuela de Miradas sobre la precariedad (2006).
Autor de numerosos artículos sobre republicanismo, sindicalismo y
socialismo, recientemente ha publicado con Joaquín Miras La izquierda como problema (2013),
en el que describen sin tapujos las causas que nos han conducido a la
actual crisis institucional, social y política (una verdadera crisis de
régimen), y apelan, como única solución real, a que el poder vuelva a
residir en el auténtico Soberano: el Pueblo.
ADORACIÓN GUAMÁN:
Doctora por las Universidades de València y Paris X – Nanterre,
actualmente es profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la Universitat de València. Su ámbito actual de
trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la
regulación del trabajo y los derechos de los trabajadores. Colaboradora
habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha
desarrollado una intensa tarea de crítica y divulgación de los
contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus
últimas publicaciones destaca El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo (2012), junto con Héctor Illueca, y la coordinación del libro Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde (2013).
ENRIC LLOPIS:
Periodista y colaborador habitual en diferentes secciones del periódico
digital Rebelión. Durante más de una década ha trabajado en diferentes
gabinetes de prensa y comunicación, colaborando al mismo tiempo en
medios alternativos como Kaos en la Red, Diagonal, Radio Klara y Crónica
Popular. Participa activamente en distintos medios del País Valenciano
como L’Accent o L’Avanç. Asimismo, elabora entrevistas y artículos para
organizaciones de solidaridad con Cuba y Colombia o comités de
solidaridad internacionalista que desarrollan su labor en el País
Valenciano. Por último, ha elaborado artículos y entrevistas para medios
de comunicación alternativos durante sus estancias en Guatemala, Cuba y
Palestina.
HÉCTOR ILLUECA:
Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo
y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas
extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en
materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha
impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias
vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es
coautor del libro El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo
(2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la
configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la
irrupción del neoliberalismo. Articulista habitual en distintos
medios, mantiene posiciones críticas sobre la desregulación del mercado
de trabajo y la política económica neoliberal.
MANUEL MONEREO:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Doctor en
Ciencias Políticas, es miembro del Centro de Estudios Políticos y
Sociales y ex-director de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Ha
dirigido, coordinado y participado en numerosas publicaciones y
revistas, entre ellas “El Viejo Topo”, “Mundo Obrero” o “Utopías:
Nuestra Bandera”. Si en el horizonte intelectual de Manuel Monereo caben
todos los grandes pensadores de la política, en sus reflexiones ocupan
un lugar destacado figuras centrales del pensamiento marxista como
Mariátegui, el Ché o Antonio Gramsci. Militante histórico del Partido
Comunista de España, es también uno de los impulsores de la Asociación
Socialismo 21, una asociación político-cultural que pretende contribuir a
la refundación de la izquierda desde una perspectiva anticapitalista y
con una voluntad socialista.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO: Ha
sido profesor de Introducción a la Economía, Teoría de la Población y
Hacienda Pública. Miembro de los cuerpos de Intervención y Auditores del
Estado y de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de
España, ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor general
de la Administración del Estado y Secretario General de Hacienda.
Articulista en distintos diarios y revistas, colabora en los medios
digitales Público y República.es. Entre sus obras cabe destacar:
¡La economía, estúpidos, la economía! (1993), La farsa neoliberal
(1995), Réquiem por la soberanía popular (1998), La trastienda de la
crisis (2010), ¿Para qué servimos los economistas? (2010) y Contra el
euro. Historia de una ratonera (2013).
ALBERTO MONTERO: Nacido
en Cornellá (Barcelona) en 1970, es profesor de Economía Aplicada en la
Universidad de Málaga, donde desarrolla su actividad docente e
investigadora. Presidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos y
Sociales (CEPS), ha realizado numerosos viajes a América Latina
desempeñando tareas de asesoramiento internacional para diversos
gobiernos de la región. Además, forma parte de la plantilla de
investigadores del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
y es codirector del doctorado en Economía Social que se imparte en la
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia).
