El pasado martes 8 de abril, el juez de instrucción José Luis Rodríguez Lainz, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, atendió la demanda de medidas cautelares solicitada por Fiscalía y Ayuntamiento y estableció un plazo de un mes para el desalojo del Colegio Rey Heredia de Córdoba, sede de la “Acampada Dignidad”.
Durante seis meses, en el centro se vienen realizando diversas actividades sociales y culturales, desde un comedor social, que atiende a 100 personas diariamente, hasta talleres de formación y educativos. La Acampada Dignidad se ha convertido en un punto de encuentro y esperanza para todos aquellos que están sufriendo la dura situación socioeconómica en la que se encuentra Córdoba y todo el país.
Ante esta decisión judicial, el Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM) muestra su total apoyo y solidaridad con los compañeros y compañeras que con su determinación, esfuerzo y trabajo colectivo han dado un ejemplo de lucha y generosidad. Sabiendo que, sea cual sea la decisión que adopten democráticamente, su trabajo continuará, pueden contar con todo el apoyo del FCSM para ello.
Lamentablemente, la ejecución del auto del juez de instrucción provocará un enorme daño a los cientos de usuarios del comedor social, las clases particulares para niños, los talleres formativos y tantas otras actividades sociales, reconocidas en la propia comunicación del juzgado.
El FCSM muestra su rechazo a la interpretación del magistrado, el cual, aun admitiendo el beneficio social de las actividades de la Acampada Dignidad y considerarlas “loables” y “necesarias”, hace prevalecer el derecho a la propiedad privada de un Ayuntamiento que mantiene abandonado el inmueble desde hace dos años. Nada importa que el Ayuntamiento sea una entidad pública cuya obligación es la atención a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que acuden a comer al Rey Heredia todos los días. Nada importa, como en tantas otras ocasiones, que la Constitución comience definiendo a nuestro Estado como Social y de Derecho. Una vez más, observamos que el segundo de estos adjetivos es el fundamental cuando el derecho
que se invoca es privado y beneficioso para unas pocas manos.
Igualmente, el FCSM condena la actitud del Ayuntamiento de Córdoba, al solicitar el desalojo cautelar de un inmueble de propiedad pública que está siendo utilizado para una finalidad social, lo cual es de su competencia, sin anunciar el fin al que pretende destinarlo. Si la corporación municipal tuviera la intención de hacerse cargo de las actividades que hasta ahora se han desarrollado, estaría justificado el gasto de recursos en la demanda presentada. Pero según se desprende de la actuación del Ayuntamiento, y se explica en el Auto, parece que el objetivo es impedir que la sociedad civil pueda organizarse y autogestionar sus propias necesidades ante la dejación de los poderes públicos.
Por último, hacemos un llamamiento a toda la ciudad de Córdoba, para que preste su apoyo a una iniciativa solidaria y participativa que ha permitido llevar luz y alegría a aquellos que sólo reciben el desprecio y la ignorancia de su Ayuntamiento y del resto de instituciones. También invitamos a toda la sociedad española a expresar públicamente su apoyo, para lo que ponemos nuestro blog (www.frentecivicosomosmayoria.es) a su disposición.
Madrid, 9 de abril de 2014
Mesa Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría”
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