Ante el conocimiento de la denuncia interpuesta contra 6 de los componentes de los Campamentos Dignidad por parte del diputado nacional y Vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, queremos poner en conocimiento de la ciudadanía lo siguiente:
1. En Mayo de 2013, los Campamentos Dignidad emprendimos una de las tantas marchas que hemos realizado por Extremadura, en esta ocasión salimos el día 3 de Mayo desde Plasencia para concurrir el 9 de Mayo en una concentración ante las puertas de la Asamblea de Extremadura reivindicando tres puntos esenciales: Renta Básica digna de ese nombre; 25.000 empleos públicos; y el fin de todos los desahucios.
El 6 de Mayo la marcha continuó su recorrido por la ciudad de Cáceres, en la que llevamos a cabo una concentración totalmente pacífica ante el domicilio del diputado nacional y Vicesecretario de organización del PP, con la finalidad de realizar una acción simbólica en la que pretendimos visibilizar la problemática social que se vive en Extremadura, señalando a uno de sus culpables.
2. Hoy, más de un año después, conocemos que al día siguiente de lo acontecido, el señor Floriano nos denuncia alegando coacciones, sin argumentar ningún fundamento que motive la existencia de las mismas en la denuncia presentada. Pese a que la carga de la prueba la tiene quien acusa, queremos poner de relieve que, de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal de 1995, el delito o falta de coacciones se refiere a: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto…”, es decir, ejercitar una violencia física o moral que obligue a una persona a realizar u omitir un acto contra su voluntad. El día de los hechos, los presentes nos dedicamos, durante los 15 minutos escasos en los que permanecimos frente al domicilio del diputado, a realizar una pegada de carteles reivindicativos y a corear consignas relacionadas con la renta básica, el empleo y los desahucios, sin ejercer ningún tipo de violencia sobre nadie, y sin vulnerar el bien jurídico protegido en el delito o falta de coacciones, que es la libertad de obrar del individuo. De la misma manera, es importante destacar que el señor Floriano ni siquiera se encontraba en su domicilio, así como ninguno de los miembros de su familia, y que en todo momento contamos con la presencia permanente de la policía nacional y municipal, como se puede visualizar en los videos que circulan por la red. Por tanto, no hay nada que ponga de relieve la supuesta existencia de coacciones.
3. Queremos denunciar nuevamente la existencia de listas negras en nuestra región. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el señor Floriano, durante el acto frente a su domicilio estuvo siendo informado por la Policía Nacional desde Cáceres. En ningún momento a ninguna persona presente en la concentración se le pidió identificación, sin embargo, la denuncia aparece dirigida hacia 6 personas concretas,con nombre y apellidos completos que, supuestamente, el señor Floriano no tiene por qué conocer.
4. Denunciamos el uso sucio y electoralista que se está realizando con motivo del conocimiento de este suceso, ya que incluso antes de que todos los denunciados tuvieran constancia de la citación judicial, ha aparecido la noticia en la prensa regional y nacional bajo el titular “Seis militantes de IU serán juzgados por un escrache a Floriano”. No es casual que la denuncia se haya presentado contra conocidos miembros de esta organización y que así se haya difundido en prensa, ya que existen intereses en reducir la heterogeneidad de los movimientos sociales a una cuestión electoral, recordemos sino las declaraciones públicas de Floriano respecto a la PAH como “esa izquierda violenta y antidemocrática” que “pretende conseguir con la ya somos en total 48 los denunciados, por el único hecho de hacer uso de nuestra libertad de expresión y de manifestación para poner de relieve la situación de emergencia social que se vive en Extremadura y que pretende enmascararse con el discurso y las medidas populistas de los gobernantes de la región. Sin embargo, la denuncia forma parte de la campaña de desprestigio, acoso y criminalización que se está ejerciendo sobre los Campamentos Dignidad, al ser uno de los movimientos que aglutina todo el descontento social existente.
Declaramos nuevamente que no nos van a callar, que continuaremos reivindicando empleo, renta básica, la recuperación de los servicios sociales, el no al pago de la deuda ilegítima y el fin de los desahucios; y señalaremos a todos aquellos que sean cómplices de la situación que se vive en nuestra tierra. Seguiremos construyendo y reivindicando, muy a pesar de los caciques, otra Extremadura.
Acampada Mérida
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