Recientemente, el Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM) constituía el
Frente Cívico Jurídico, una herramienta a través de la cual los
profesionales del mundo del derecho y la ciudadanía en general pudieran
hacer frente a las pérdidas de derechos y al desmantelamiento del Estado
Social y de Derecho, consagrado por la Constitución.
Este grupo de juristas, conscientes de su responsabilidad, realizaban
un llamamiento a toda la sociedad para conformar un movimiento que
ponga en valor las conquistas del Derecho y se atribuían, como juristas,
tres deberes: declarar una situación social que no es conforme con la
Constitución Española, poner en funcionamiento las herramientas
jurídicas disponibles para enfrentarse en toda su amplitud a este hecho y
hacer pedagogía entre la ciudadanía de estas dos cuestiones.
En el marco de esta estrategia de amplio alcance y recorrido, la
primera acción fue la petición de personación como acusación popular en
el conocido como “caso Nóos”. Hoy, 30 de enero, el juez titular del
juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca ha accedido a esta
personación en las Diligencias Previas nº 2677/08, Pieza separada nº 25.
Las razones que han motivado esta actuación son la defensa de los
intereses de toda la ciudadanía y las evidencias de actuaciones anómalas
por parte de distintos poderes públicos, obviando el principio
fundamental de igualdad ante la ley.
El Frente Cívico considera necesaria la presencia de una auténtica
acusación popular en los distintos procesos judiciales en los que se
investiga el uso irregular de dinero público. En un momento en el que
toda la ciudadanía está sufriendo los efectos de los recortes sociales,
es interés de todos y de todas asegurarse de que se depuren las
responsabilidades de aquellos que hayan utilizado arbitrariamente y en
su beneficio lo que nos corresponde al conjunto de los ciudadanos y
ciudadanas. Y para conseguirlo es fundamental la movilización de una
sociedad que recupere el poder de decisión y control sobre los asuntos
comunes.
Esta asociación es consciente de que iniciativas de esta naturaleza
no van a ser respaldadas por ninguno de los poderes del Estado, a pesar
de que la Constitución Española, en su artículo 119, establezca la
gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso,
respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Aunque se carezcan de los recursos necesarios y de que los requisitos
económicos para acceder a la justicia se estén endureciendo, facilitando
así la imparcialidad de la justicia y la impunidad, no debemos permitir
que nos inunde la desconfianza y la apatía. La colaboración y la ayuda
mutua deben ser el motor que posibilite otra sociedad.
Realizamos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para apoyar
una campaña de financiación colaborativa de esta acusación popular, para
que las investigaciones iniciadas puedan concluir sin injerencias de
ningún tipo. Esta campaña se realizará a través de una cuenta corriente
cuya gestión será totalmente transparente: se harán públicos los
movimientos de ingresos y gastos de la cuenta, por lo que los fondos
recaudados serán utilizados exclusivamente para la causa en cuestión. En
el momento en el que se alcance el saldo requerido inicialmente se
comunicará públicamente. En caso de que posteriormente las acciones
judiciales requieran la aportación de nuevos fondos, se comunicará la
reanudación de la campaña.
El presupuesto inicial es de 20.000 euros, estando incluidos:
1. Las minutas del equipo jurídico que se dedique exclusivamente al proceso y de los procuradores.
2. Los gastos de desplazamientos previstos y previsibles.
3. Los gastos administrativos.
La cuenta corriente que se ha dispuesto para esta actuación es la siguiente:
Caja Rural de Córdoba, Oficina Central.
Nº de cuenta: 3063 0001 11 2224340915
En el ingreso o transferencia indicar: fcsm noos.
Con la colaboración de todos y de todas, empoderémonos como
ciudadanía, exigiendo el máximo respeto hacia las leyes que rigen
nuestra convivencia a aquellos que sistemáticamente la inclumplen.
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