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Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
La Unión Europea pretende anular el resultado de las elecciones
celebradas en Grecia el pasado 25 de enero. Como era previsible, el
Eurogrupo intenta aprovechar las dificultades financieras que atraviesa
el país heleno para liquidar definitivamente el programa de Syriza y
desautorizar su mensaje. Al exigir nuevas reformas del mercado laboral y
del sistema de pensiones para desbloquear el último tramo del rescate
financiero, medidas absolutamente ajenas a las necesidades reales del
país, la Unión Europea evidencia que su estrategia de negociación no
responde a motivaciones de índole económica, sino política: se trata,
ante todo, de subvertir el proceso democrático y quebrantar la soberanía
de Grecia, enviando al mismo tiempo un elocuente mensaje a los países
de la periferia, y muy especialmente a España, que tiene a la vista las
elecciones generales más importantes de su historia reciente. En este
contexto, cabe preguntarse por la auténtica naturaleza del experimento
social y político al que se enfrentan los pueblos del sur de Europa.
¿Qué está pasando en el Viejo Continente?
Debemos a David Harvey la acuñación de la expresión acumulación por desposesión,
que describe la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación
en el capitalismo contemporáneo, similares a las observadas por Marx en
la fase primitiva de este sistema económico. A juicio de Harvey, estas
prácticas revisten formas diferentes en contextos distintos, pudiendo
mencionarse a título ejemplificativo la privatización de activos
públicos, la mercantilización de la fuerza de trabajo o la apropiación
de los recursos naturales en el marco de procesos coloniales. El modus operandi de
este régimen de acumulación consiste en utilizar el sistema de crédito
como palanca de desposesión, atribuyendo al Estado un especial
protagonismo con su monopolio de la violencia y su definición de la
legalidad. O, por emplear las palabras de Harvey, “la perversa alianza
entre los poderes del Estado y los comportamientos depredadores del
capital financiero constituye el pico y las garras de un capitalismo
buitresco que ejercita prácticas caníbales y devaluaciones forzadas”
mientras invoca hipócritamente los más altos valores de la democracia.
En nuestra opinión, la evolución que ha experimentado la economía
europea desde que empezó la crisis económica constituye una buena
muestra de acumulación capitalista depredadora y especulativa. El
endeudamiento de los países periféricos ha derivado en un estado de
servidumbre por deudas que, con la mediación de la Unión Europea, está
siendo utilizado para propiciar una gigantesca redistribución de activos
desde el campo popular al dominio del capital. Esta operación incluye,
entre otros aspectos, el desmantelamiento progresivo del Derecho del
Trabajo, la privatización de empresas públicas o la abolición de
conquistas históricas logradas por los trabajadores tras la intensa
lucha de clases que se desarrolló con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial. Naturalmente, la desposesión se está llevando a cabo contra la
voluntad de las poblaciones periféricas, que asisten atónitas a la
imposición de programas económicos asombrosamente similares entre sí con
independencia de las circunstancias de cada país. Como siempre, el
aparato represivo del Estado juega un papel fundamental en la
consolidación y desarrollo de tales procesos.
Llegados a este punto de la exposición, quedan pocas dudas sobre la
auténtica naturaleza del fenómeno al que nos hemos referido en los
anteriores párrafos. Los países del sur de Europa están siendo sometidos
a un proceso de acumulación por desposesión, en el marco de una
intensificación sin precedentes de la explotación de los trabajadores.
Un balance provisorio muestra, en primer término, una redistribución
profundamente regresiva del ingreso y un reordenamiento del equilibrio
de fuerzas en beneficio del capital. Desde 2010, los salarios reales han
retrocedido en casi todos los países europeos, destacando por su
intensidad las caídas experimentadas en Grecia (20 por ciento), Portugal
(7 por ciento) y España (6,4 por ciento). Tales datos evidencian la
inversión del patrón distributivo vigente en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial, delineando un escenario caracterizado por la
recomposición del beneficio empresarial a través de la confiscación
salarial.
Conquistas históricas como la sanidad y la educación públicas están
siendo mercantilizadas, acentuando la vulnerabilidad de sectores cada
vez más amplios de la población. En la actual fase de su desarrollo, la
Unión Europea no sólo constituye un mercado unificado, sino que, por
emplear la expresión de Polanyi, apunta a la conformación de una
sociedad de mercado, es decir, una sociedad plenamente mercantilizada en
la que los derechos sociales aparecen fagocitados por el mercado. En
este contexto, y muy especialmente en el ámbito de los países
periféricos, la transición neoliberal se viene produciendo por la vía de
neutralizar las capacidades de intervención pública en la economía,
convirtiendo a los pueblos del sur de Europa en rehenes del mercado
autorregulado. La capitulación del Estado social y la mercantilización
de las relaciones sociales alimentan un darwinismo social despiadado que
selecciona a los más aptos en detrimento de los más débiles: parados,
pensionistas, enfermos, trabajadores precarios… El resultado es un
paisaje aterrador caracterizado por una precariedad galopante, obscenas
desigualdades sociales y un dramático aumento de la pobreza.
Sin embargo, a medida que se descomponen las redes de solidaridad,
aparecen las condiciones para una movilización sociopolítica capaz de
poner en cuestión el entramado neoliberal de la Unión Europea. O, por
decirlo de otra manera, la mutilación de la democracia en países como
Grecia o España ha provocado una grave crisis de legitimidad y ha
reforzado el protagonismo de los movimientos sociales en el ámbito
político, reintroduciendo la vieja distinción entre un país real
atravesado por rupturas y contradicciones y un país legal incapaz de
atender las reivindicaciones de los ciudadanos. La proliferación de
problemas sociales y la acumulación de demandas insatisfechas alimentan
una movilización creciente de las clases populares que puede desalojar
del poder a los gobiernos neoliberales, como efectivamente ha sucedido
en Atenas y podría ocurrir en otros lugares. No obstante, está por ver
si este proceso puede extenderse más allá de Grecia, donde predomina la
influencia de un combativo movimiento obrero desde que empezó la crisis
económica.
Lo que parece indudable es que cualquier fuerza política que pretenda
romper realmente con el neoliberalismo, y no sólo sustituir unos
gobiernos por otros, debe plantearse la cuestión de la soberanía y
enfrentarse a la Unión Europea como tal. En nuestra opinión, el inicio
de una era post-neoliberal sólo puede producirse sobre las ruinas de la
actual Unión Europea y en el marco de una reestructuración radical del
poder económico y social en favor de los trabajadores. Negar esta
realidad o no atreverse a enfrentarla conduce invariablemente a la
derrota ideológica y favorece a las fuerzas que alientan la
recomposición del dominio neoliberal. La clave es construir un discurso
global que articule adecuadamente el secuestro de la democracia, la
deslegitimación de la política y la acumulación por desposesión que se
ha desencadenado en Europa, otorgando coherencia y eficacia al aluvión
de reclamos populares que expresan el sufrimiento de las grandes
mayorías sociales.
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