BARRA LIBRE PARA LA POLICIA

Miguel Luis Jiménez

Esta semana que termina, nos encontrábamos en los medios de comunicación la información de que el consejo de ministros, en boca del ministro de Justicia, Ruíz Gallardón, había otorgado un indulto total a cuatro mossos d'esquadra. Habían sido condenados por los hechos probados de torturas a un hombre, de nacionalidad rumana, al que confundieron con otro en 2006 y al que llegaron a meter una pistola en la boca para obligarlo a confesar.

Este hecho provocó un manifiesto de rechazo por parte de 200 jueces en el que se reprochaba al ejecutivo la adopción de una medida como esta para evitar la entrada en prisión de los condenados por hechos tan graves como la tortura.

El señor ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón,  contestaba en unas declaraciones públicas que el indulto es una prerrogativa exclusiva del gobierno y que los jueces no debían inmiscuirse en la cuestión.

Este grupo de jueces aseguran que: "La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores". 

Personalmente, me gustaría preguntarle al Sr. ministro, cómo engarza este indulto con la obligación del estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio. Salvando las distancias, tan reprobables son las torturas que han realizado estos mossos d'esquadra como las que los GAL cometieron contra Lasa y Zabala, o no? La gran diferencia es que en el caso de los mossos d'esquadra, esta actuación termina siendo "perdonada" por el propio Estado.

Es evidente que en política no existen las casualidades y que un gobierno no se levanta un día y decide un indulto como éste, más aún, a sabiendas de los rechazos que va a suscitar. Cabe entonces preguntarse cual es la razón. 

La razón de una decisión como ésta hay que buscarla en el mensaje que se manda. Actualmente la crispación social es muy elevada y no hay telediario donde no se haga referencia a una manifestación o diversos actos de protesta. Todo nos indica que esta crispación no puede sino seguir creciendo, en función de las "reformas" anunciadas. En este escenario, la dependencia que el gobierno tiene de las fuerzas y cuerpos de seguridad no puede sino aumentar en la misma proporción que la crispación social. De hecho, la estabilidad del gobierno empieza a estar directamente relacionada con el apoyo/control que tenga de los "medios" de represión  del descontento social.

Con actuaciones como la que nos ocupa, el mensaje que se manda a los cuerpos y fuerzas de seguridad es que tienen barra libre para actuar, aunque dichas actuaciones estén fuera de la Constitución y atenten flagrantemente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mensaje es demoledor, para la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Este mensaje tiene también unos segundos receptores, que es la sociedad civil, la cual entiende que las actuaciones policiales están blindadas por el propio ejecutivo.

Oído cocina!