PRIVATIZACIONES, ESA GRAN MENTIRA

En toda la opinión pública ha calado el mensaje de que las empresas públicas son casi siempre deficitarias, fuente de corrupción, de clientelismo político, son ineficientes y carecen de capacidad para la inversión y el crecimiento. Se ha asentado el convencimiento generalizado de que las funciones empresariales corresponden al mercado y no al Estado. Por ello, para tener una economía abierta y globalizada es necesario expulsar al Estado de la esfera económica y para ello, es imprescindible la privatización de todas las empresas públicas.

Esta opinión ha sido creada de forma artificial y los responsables son, entre otros, los medios de comunicación que actúan al dictado de sus dueños, de los poderes económicos. Tal y como indica Noam Chomsky, en su imprescindible libro “Como nos venden la moto”, la opinión impuesta por los poderes económicos es la única que ha llegado a la mayoría de los ciudadanos, los cuales, ante la ausencia de alternativas, la dan, por válida, la interiorizan y se convierten en repetidores de los argumentos esgrimidos para conformar dicha opinión. Sin embargo, esta opinión no se encuentra fundamentada en estudios objetivos y rigurosos ni en los resultados de experiencias reales. La imposición de esta opinión en la sociedad responde, exclusivamente, a los intereses de la oligarquía económica que gobierna nuestro mundo.

El objetivo del presente texto es ir mostrándole al lector, argumentos y experiencias reales, que cuanto menos, ponen en tela de juicio la argumentación clásica en la que se han basado los procesos de privatización.

Los procesos de privatización, de exclusión del Estado de la economía, responden a razones ideológicas y no económicas. La ideología que subyace y sostiene estos procesos es la teoría neoliberal y aunque el tema de la privatización de empresas públicas tenía una importancia relativa para los fundadores de dicha teoría económica, Ludwig Mises y Friedrich Hayek, se convirtió en eje central para Milton Friedman, quien, a la postre, se convertiría en el máximo exponente de esta teoría económica.

LATINOAMERICA

Tal como comentaba Hegel respecto a la revolución francesa, la aplicación directa de los conceptos teóricos a la realidad es un espectáculo terrible y fascinante. En esta línea, el caso Chileno resulta especialmente interesante para contrastar las predicciones de la teoría neoliberal y la realidad tangible de su aplicación a una sociedad.

El neoliberalismo desembarca en Chile, de la mano de unos 100 estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile, los cuales, realizaron su postgrado entre 1957 y 1970 en la Universidad de Chicago. Uno de sus profesores fue Milton Friedman y terminaron formando el núcleo duro que dirigió la política económica Chilena durante la dictadura de Pinochet. Eran conocidos como los Chicago Boy's y convirtieron a Chile en un conejillos de indias para la experimentación económica de las teorías neoliberales inspiradas por Milton Friedman. En 1975 , Milton Friedman llegaría a entrevistarse personalmente con Augusto Pinochet y en 1976, recibiría el premio Nobel de Economía.

Bajo la influencia neoliberal de Friedman, la política económica de Chile se centró en un amplio paquete de privatizaciones, que se extendió por más de 17 años y abarcaron todo tipo de empresas y sectores. Se eliminó el control de precios, las barreras a las importaciones y se recortó drásticamente el gasto público.

La privatizaciones de las empresas de teléfono, electricidad, aguas, gas, transportes, pensiones, etc, fueron muy negativas para los usuarios. En todas ellas se produjo un aumento importante de los precios y un deterioro muy significativo del servicio. Un año después del golpe de estado, el billete de autobús era un artículo de lujo, la inflación era del 375% anual (la más alta del mundo) y el desempleo escaló hasta el 8,7%, cuando con Allende era del 2,5%. Esta tasa de desempleo llegaría al 21% en la década de los años 80.

En Argentina, la llamada reestructuración social y económica, que sufrió el país en la década de los noventa, tuvo uno de sus principales pilares en las políticas de privatización de empresas públicas. La Socióloga Marisa Duarte, de la Universidad de Buenos Aires (Realidad Económica 182), concluye que dichos procesos se caracterizaron por dos elementos: un inédito nivel de desempleo y una cada vez mayor precarización de las condiciones laborales. De tal manera, el empleo en las empresas públicas que se privatizaron pasó de 350.000 empleados en 1989 a 68.000 en 1993 y a 27.500 en 1995. Estos trabajadores debieron dejar su puesto de trabajo – voluntariamente o no- ya que su presencia constituía una traba para los futuros dueños de las empresas. Usando como exclusa las elevadas tasas de desempleo, se realizaron profundas reformas del sistema legal de protección del trabajador, aduciendo que una mayor flexibilidad en las condiciones del despido favorecerían la creación de empleo ( nos suena ¿verdad?). En este punto, es especialmente interesante observar la evolución en Latinoamérica de dos grupos de países hasta 1998 (Marchall,1998). Por un lado: Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, donde se flexibilizaron las condiciones del despido. Por otro lado: Brasil, Chile y Venezuela, donde las modificaciones tendieron a proteger a los trabajadores. Tal y como indica Marisa Duarte, la diferente situación de ambos grupos de países determinó que el debilitamiento de la protección del trabajador no creó empleo y si afectó de manera muy significativa a las prácticas empresariales. Esto produjo un gran deterioro de de las condiciones laborales.

Puede asegurarse pues, que, la reestructuración del sector público argentino generó en muy poco tiempo una masa de desocupados inédita en el país. El desempleo llegó a alcanzar el 18%, de los cuales, más de dos puntos porcentuales son explicados exclusivamente por la privatización de 7 empresas públicas. La gran masa de desocupados empezó a actuar como mano de obra barata, que conllevó un gran deterioro de las condiciones laborales y una caída de los salarios.

EUROPA

En Europa, a partir de la década de los años 80, las teorías neoliberales empiezan también a abrirse camino de la mano de Margaret Thatcher. Es conocida la conversación entre Thatcher y Milton Friedman en la que éste último anima a la Dama de Hierro a aplicar técnicas similares a la que se habían impuesto en el Chile de Pinochet. Sin embargo, Thatcher se negó la instaurar un régimen que eliminara el barniz democrático que el sistema político Británico tenía entonces, pero abrazó de forma entusiasta las teorías de Friedman en cuanto a privatizaciones. No en vano, el principal asesor económico de Thatcher era Friedrich von Hayek, mentor del propio Friedman.

El programa de reformas de Thatcher se fundamentaba en cuatro pilares: recorte del gasto público, recorte del tipo fiscal, privatizaciones y una política monetaria moderada y estable. En Latinoamérica, el programa neoliberal de Friedman pudo imponerse por tratarse de sistemas dictatoriales. Sin embargo, ¿cómo lo hizo Thatcher para imponer el ideario neoliberal en una democrácia? La respuesta la tenemos en la guerra de las Malvinas. Después de casi 3 meses de guerra, una ola patriótica recorrió Gran Bretaña conforme las tropas regresaban. Las Malvinas constituyeron el shock que necesitó la ciudadanía Británica para reelegir en 1983 a Margaret Thatcher por una mayoría abrumadora. Con esta victoria y con toda la sociedad unida de forma emocional a la “salvadora de la Patria”, Thatcher se dispuso a aplicar su programa neoliberal. Los mineros fueron los primeros en oponerse a estas medidas. En tiempos de Thatcher, la Unión Nacional de Mineros era el sindicato más importante del pais. El gobierno usó todos los métodos a su disposición para doblegarlos y tras un año de huelga, fueron derrotados. Ahora la doctrina de la escuela de Chicago tenía vía libre para ser aplicada.

Entonces, una campaña de spots publicitarios inundaron los medios de comunicación. En ellos, se vendían las virtudes de las privatizaciones y después de eliminar, de facto, a los sindicatos, nadie se opuso a proceso reformista de la Dama de Hierro. Se privatizaron los sectores de la metalurgia, el agua, electricidad, gas, telefonía, aerolíneas, petróleo, ect. Además, en 1986 se desregularon los servicios financieros y bancarios. Las consecuencias fueron: se pasó de una tasa de paro del 5,3% en 1982 al 11,9% en 1984. Es decir, justo un año después de aplicar los programas neoliberales de Friedman y con los sindicatos noqueados, la tasa de paro fue de más del doble.

Según el artículo de D. Grimshaw and K. Ward, Manchester School of Management, UMIST, UK , titulado: “Flexible Employment Policies and Working Conditions United Kingdom”, las condiciones laborales en el Reino Unido fueron deteriorándose desde que Margaret Thatcher implementó el ideario neoliberal en el país. Así, si en 1979 los afiliados a los sindicatos era de 13,3 millones de trabajadores, en 1995 era 8,1 millones. Pero más importante, si cabe, es el dato de negociación colectiva. En 1973, la negociación colectiva cubría al 72% de los trabajadores, mientras que, en 1990, este porcentaje era del 47%. Este carácter cada vez más desregulado del sistema de relaciones laborales en el Reino Unido llevó a una posición dominante del empleador frente al empleado, al cual, se imponen las condiciones de trabajo de forma unilateral. Así pues, las condiciones laborales en el Reino Unido se deterioraron muy profundamente, al igual que en Latinoamérica, con el programa de privatizaciones inspirado en las teorias de Friedman.

Margaret Thatcher ganó las elecciones en 1979, Ronald Raegan en 1980. Friedman admitió abiertamente la importancia de estos dos líderes para la difusión de las políticas de la escuela de Chicago por todo el mundo.

ESPAÑA

En España podemos diferenciar dos procesos de privatizaciones. Uno, durante los gobiernos socialistas, y otro durante los gobiernos del Partido Popular. Las privatizaciones llevadas a cabo durante los gobiernos socialistas se realizan entre 1982 y 1996. Estos procesos fueron llevados a cabo con dos objetivos: la eficiencia productiva y el saneamiento financiero, tal y como indica Doña María del Carmen Sánchez Carreira del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela en su trabajo: “Una visión crítica del proceso de privatizaciones en la economía española”. Es decir, con este proceso de privatizaciones se pretendía vender empresas públicas que, supuestamente, eran un lastre económico para las arcas del estado y reducir el déficit.

Sin embargo, durante la década de los 80, el trabajo de recuperación de empresas deficitarias que desarrolló el I.N.I empieza a dar sus frutos después de más de una década de perdidas. Así, en 1985, las empresas del I.N.I dan resultados positivos antes de impuestos y en 1988, terminan dando beneficios. A pesar de todo, el grupo I.N.I se privatiza totalmente a partir de 1985, a excepción de la empresa Mahsa que se privatizó en 1982.

Otra de las características de este periodo de privatizaciones es la poca transparencia del proceso. De todas las operaciones, exactamente 124, sólo se conocen los ingresos de una pequeña parte de ellas, 21. Lo ingresado en estas 21 operaciones asciende a 1,7 billones de pesetas. Sin embargo, no existen datos de lo que el estado ingresó por las 103 operaciones restantes!!? ¿Quizás se regalaron?Además, durante este periodo, los ciudadanos sólo conocen la privatización de una empresa cuando ya se va a aprobar en el Consejo de Ministros, y el método de privatización más usado es la venta directa, es decir, el gobierno elige al comprador de forma discreccional.

La segunda etapa de privatizaciones del sector público español se desarrolla entre 1996 y 2001, con gobiernos del Partido Popular. En este caso, se trata de privatizaciones con objetivos políticos e ideológicos, similares a las que se llevan a cabo en Inglaterra con Margaret Thatcher. En este caso, se venden las empresas más rentables del país: Repsol, Gas Natural, Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Transmediterránea, Endesa, Iberia, etc. Nos encontramos ante un plan global cuyo objetivo es privatizar totalmente las empresas públicas y eliminar el papel del Estado de la economía productiva. Desde 1996 hasta el 2000 se recaudaron 5,1 billones de pesetas. Sólo 1,6 fueron destinados a reducir la deuda.

Las consecuencias fueron las siguientes: durante los procesos de privatización de los gobiernos socialistas se puede observar como desde 1980 hasta 1995 la tasa de desempleo pasó del 11.1% al 24,5%. En el caso del periodo de gobierno de José María Aznar la tasa de desempleo se reduce 7 puntos porcentuales durante los cuatro primeros años. Sin embargo, el grueso de las privatizaciones se dan entre 1998 y 2000 con lo que el aumento del desempleo sería esperable a partir del año 2000. Pero durante este periodo, el desempleo sigue cayendo hasta llegar al 10,5% en 2001. Esta aparente falta de correlación entre las privatizaciones llevadas a cabo por Aznar y el aumento del desempleo responden principalmente a tres factores:

1.- En 1996, Aznar hereda los fondos estructurales Europeos para el periodo 1994-1999. En este periodo España recibe más de la mitad de dichos fondos y es el país que más dinero recibe. Dicho dinero se invertirá, entre otras actividades, en la mejora de infraestructuras que propiciarán la absorción de desempleados de las empresas públicas privatizadas.

2.- En 2001 se cambia el criterio para considerar a una persona como parada. A raíz de esto, medio millón de parados dejan de contar como tales debido al cambio metodológico. Entre el primer trimestre de 2001 y el de 2004 (datos directamente comparables al estar medidos por el mismo criterio) el paro aumenta en 300.000 personas, del 10,94% al 11,50%.

3.- A partir del 2001 el desempleo creado por los procesos de privatización son absorbidos principalmente por la construcción. En apenas 4 años, el precio medio de una vivienda se encarece en España un 28%. Comienza la burbuja inmobiliaria. Durante este proceso, la economía española experimentará un crecimiento inédito basado en el ladrillo que se irradiará al resto de sectores productivos relacionados con la construcción y hará que, en 2007, la tasa de desempleo sea del 8,3%.

Sin embargo, si centramos nuestro análisis en la variación del número de empleados en las empresas privatizadas, podemos apreciar claramente como la destrucción de empleo es clara. Pondremos un ejemplo: en 1982, Telefónica tenía una plantilla de 64.518 empleados, cifra que fue incrementándose paulatinamente hasta 1997, donde la cifra ascendió ya hasta los 92.3151. La privatización completa de Telefónica se lleva a cabo en 1999 y en 2001 se abre un proceso de ajuste de plantilla. A partir de ese momento, la plantilla de Telefónica en España empieza a retroceder hasta los 39.000 empleados en 2010 que es el último dato publicado. Éste, es un ejemplo que se repite con todas las grandes empresas nacionales que fueron privatizadas durante los gobiernos de Aznar.

En cuanto a la precarización de las condiciones laborales, éstas presentan igualmente dos periodos, tal y como se recoge en el trabajo de CCOO de 1998 titulado: “Sistema de protección al desempleo en España” y firmado por D. Miguel Ángel García Díaz.

El periodo 1980-1993 recoge, con algunos altibajos, un proceso continuo de crecimiento de los recursos financieros dirigidos al desempleo. Por otro lado, el periodo 1994-1998, donde se abrazan las políticas neoliberales sin contradicciones ideológicas, presenta unas características totalmente distintas, estando marcado por un recorte sustancial de las prestaciones económicas por desempleo. En 1992 y 1993, el gobierno endureció de forma muy importante el acceso a las prestaciones por desempleo y redujo su cuantía. Como resultado de estas políticas, la tasa de cobertura se redujo en 17,2 puntos entre 1993 y 1998.

CONCLUSIONES

De todos los datos vertidos en este trabajo podemos decir que los procesos de privatización, que se han dado a lo largo de todo el mundo, han venido de la mano de las teorías neoliberales de Milton Friedman y responden más a cuestiones ideológicas que a cuestiones económicas. La adopción de este tipo de políticas económicas siempre han tenido 2 consecuencias:

a) Destrucción de empleo en las empresas privatizadas.

b) Aumento de la precarización de las condiciones laborales.

Las argumentaciones clásicas de baja competitividad, baja eficiencia, corrupción, perdidas sistemáticas, etc, no tienen ninguna base empírica. Basten dos ejemplos de empresas públicas que eran más eficientes que la competencia privada: Repsol vs Cepsa o Petromed, Endesa vs otras eléctricas.

Tras los procesos de privatización no se observan ganancias notables de eficiencia, tal y como pone de manifiesto el trabajo de Doña María del Carmen Sánchez, de la Universidad de Santiago de Compostela ya referido anteriormente.

Tampoco se sostiene la afirmación de que las empresas públicas produzcan pérdidas de forma sistemática. Resulta paradójico como las grandes multinacionales españolas sean en su inmensa mayoría empresas que eran públicas (Telefónica, Repsol o Endesa, por ejemplo).

Finalmente que decir de la corrupción.... ¿Es inmune el sector privado a la corrupción? Los ejemplos son innumerables, pero baste solo un par de ellos: la manipulación del libor por parte, entre otros de Barclays y el escándalo de Enrol. Por otro lado atendiendo al estudio de la organización Transparencia Internacional, en una escala del 0 al 5 (siendo 5 el grado máximo de corrupción), la percepción de corrupción en el sector privado Español es del 3.5, estando por encima de países como Yemen (3.4), Sierra Leona (3.3) o Mozambique (2.6).