viernes, 9 de enero de 2015

Comunicado de apoyo a los afectados por la Hepatitis C

 
Siete años de crisis financiera y sistémica han provocado y siguen provocando un deterioro continuo de las condiciones de vida de la mayoría social: la pérdida salarial de los trabajadores supone más del 25% de su salario, tres millones de parados no reciben ninguna prestación, el 36% de los sueldos son menores o iguales al salario mínimo de 648€, la precarización es general entre los jóvenes, el 30% de las personas viven en la pobreza y en riesgo de  exclusión social, etc.; la lista es interminable.

Ante esta situación, hay algo que no debemos tolerar y es que las políticas de recortes de los gobiernos del bipartidismo, emanadas de la Troika, deterioren las condiciones de vida y la salud de los ciudadanos más desprotegidos.

El Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, modificó sustancialmente las características de nuestro sistema sanitario, convirtiendo en falso el carácter de público, universal y gratuito reconocido por la Constitución. Desde entonces se han multiplicado los casos de falta de atención sanitaria y de imposibilidad de acceso a un tratamiento médico en nuestro país. En los últimos días estamos asistiendo a la movilización de los pacientes afectados por Hepatitis C, que solicitan la financiación pública necesaria para poder acceder a los nuevos tratamientos antivirales que han aparecido en el mercado.

Desde el Frente Cívico “Somos Mayoría” apoyamos la necesidad de una atención urgente y adecuada a estos enfermos, lo que debería ser una prioridad para cualquier gobierno, pero también queremos recordar que las luchas aisladas no deben alejarse del objetivo de construir una sociedad distinta que responda a todas las necesidades de su ciudadanía.

En primer lugar, y como es obvio, la responsabilidad de un sistema sanitario público, universal y gratuito debe ser garantizar los mejores niveles de salud posibles a la población y ello requiere posibilitar el acceso a los tratamientos adecuados. En este caso nos encontramos ante la negación del acceso a un fármaco a un amplio grupo de pacientes de Hepatitis C, hecho especialmente grave al ser una enfermedad que afecta a unas 900.000 personas en nuestro país. Se trata de la primera oleada de unos medicamentos antivirales de acción directa que suponen un enorme avance en el tratamiento de la Hepatitis C pero que deben completar aún un proceso riguroso que mida su efectividad y seguridad. Como suele ocurrir, la mayor eficacia de los nuevos fármacos va unida a un alto precio, debido al mantenimiento de un sistema de patentes que posibilita el monopolio de las empresas farmacéuticas sobre los productos, sin reparar en el conocimiento común aprovechado detrás del desarrollo de un medicamento ni en que se potencia la investigación solo hacia los campos donde hay mayor rentabilidad comercial. Abordar los problemas en la financiación de un fármaco sin cuestionar este modelo es inútil ya que el problema se repetirá en próximas ocasiones.

En segundo lugar, no debemos obviar que los principios para la toma de decisiones en materia de prestaciones sanitarias deben ser médicos por lo que no se puede permitir que poblaciones de pacientes con distintas patologías entren en conflicto en este momento de imposición de recortes sociales y sanitarios ni que sean instrumentalizados políticamente con propuestas cortoplacistas que excluyen criterios médicos, como la dispensación universal o por “vía judicial”.

Es imprescindible la inclusión de toda la ciudadanía en la toma de decisiones sanitarias pero siempre por la  vía de velar por el cumplimiento de sus derechos por parte de los poderes públicos, como sería hacer realidad los acuerdos sobre Salud Pública que la Organización Mundial de Comercio firmó en Doha en 2001 y que permitían el acceso genérico a las nuevas patentes. Además, la responsabilidad del Estado alcanza también aspectos imprescindibles para generar beneficios en la salud de la población, como asegurar una dieta adecuada, proporcionar una vivienda digna, un medio ambiente en óptimas condiciones, etc. y hemos de exigir su cumplimiento.

Desde el FCSM apoyamos  los encierros que los enfermos de Hepatitis C y su Plataforma, la PLAFHC, mantienen desde el pasado 18 de diciembre, tanto en el Hospital Doce de Octubre de Madrid como en otras provincias, en demanda de su reivindicación. En numerosas localidades se preparan acciones, encierros, asambleas, actos, y marchas para el próximo sábado 10 enero.

Estamos en año electoral, clave para impedir en el futuro las políticas de recortes del bipartidismo. El gobierno tiene los pies de barro ante esta proximidad, por lo que más que nunca hay que denunciar con la máxima fuerza en la calle las políticas de recortes y sus consecuencias.

El FCSM hace un llamamiento a secundar el sábado 10 enero la Marcha al Palacio de la Moncloa, a fin de entregar al presidente del gobierno la exigencia de que el Ministerio de Sanidad haga efectivo el tratamiento y suministre los fármacos de última generación que prolongan la vida de estos pacientes. Asimismo, apoyamos todas las movilizaciones que se planteen en el futuro para conseguir estos objetivos.

 ¡¡ TODOS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA!!
¡¡ TRATAMIENTO URGENTE A LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C!!

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