Mesa Estatal FCSM
La Mesa Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría”, en su reunión del 6 de octubre, aprobó por unanimidad asumir y adherirse al documento “EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES” (http://documentopensiones.org/) que desautoriza el informe elaborado por los expertos designados por el Gobierno, en el cual se basa el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones presentado por el Ministerio de Empleo.
La Mesa Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría”, en su reunión del 6 de octubre, aprobó por unanimidad asumir y adherirse al documento “EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES” (http://documentopensiones.org/) que desautoriza el informe elaborado por los expertos designados por el Gobierno, en el cual se basa el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones presentado por el Ministerio de Empleo.
El
FCSM considera este anteproyecto de ley como una nueva agresión,
excepcionalmente grave, contra los trabajadores y pensionistas de este
país. El ataque forma parte del proyecto, que bajo mandato de la Troika y
englobado en el marco de las “reformas estructurales”, pretende
desmantelar todas las conquistas sociales logradas durante décadas para
aumentar el beneficio del capital financiero. Recordemos que su
antecedente más cercano fue la reforma de las pensiones llevada a cabo
por el anterior Gobierno del PSOE, que amplió la edad de jubilación a
los 67 años.
El
documento demuestra cómo el informe de los expertos del Gobierno se
basa en falsedades o “verdades no científicas” para proclamar la
supuesta crisis del sistema público de pensiones y, por tanto, presentar
una solución, también supuestamente técnica y aséptica, para garantizar
su viabilidad.
En
primer lugar, no es cierto que las pensiones corran peligro por la
crisis, ya que tanto los poderes políticos como los económicos llevan
alertando de este peligro mucho antes de la crisis actual.
Paradójicamente, los “expertos” ya afirmaron en 2010, para justificar el
aumento de la edad de jubilación a los 67 años, que si se subía la edad
de jubilación, las pensiones estarían garantizadas como mínimo hasta el
2027 y tendrían una proyección de garantía hasta el 2050. En base a
estas profecías, que han ido retrasando su fecha de cumplimiento, han
realizado reformas, todas ellas, como la actual, encaminadas a disminuir
la cuantía de las pensiones.
Además,
la crisis de las pensiones públicas no es una verdad técnica si no una
con-strucción política e ideológica. Basándose en una realidad
demográfica (cada vez hay más pensionistas, porque la gente vive más
años; cada vez hay menos cotizantes porque hay menos población en edad
de trabajar), que castiga un avance social como el aumento de la
esperanza de vida, lanzan una alarma social sobre la “crisis de las
pensiones”.
Pero si se analizan los argumentos, se observa otra realidad:
•
El número de cotizantes no sólo se ha reducido por el factor
demográfico si no por el principal problema social que sacude al país,
el paro, y ante el cual no se plantean soluciones, más allá de abaratar
el despido.
•
Los ingresos del sistema de pensiones no dependen únicamente del número
de cotizantes si no de la productividad de éstos, que no ha dejado de
aumentar.
•
La existencia de un déficit entre los ingresos y los gastos de la
Seguridad Social no debería suponer una crisis existencial del sistema,
en un momento en el que el resto de las partidas estatales presentan
desequilibrios que son aceptados.
•
La financiación del sistema de pensiones a través únicamente de las
cotizaciones de los trabajadores es una decisión política y técnica. Es
posible aumentar esa financiación a través de los presupuestos de un
estado que garantiza el derecho a percibir una pensión en el artículo 50
de su Constitución.
•
Estas partidas “extras” si se han utilizado ante situaciones
supuestamente graves sufridas por el sector financiero, como el rescate
bancario.
Tras
cometer esta estafa ideológica, los expertos recomiendan una serie de
medidas técnicas que conllevan una disminución de las pensiones
públicas, justo en el momento en que éstas significan el soporte
económico de muchas familias españolas, condenando, por tanto, a miles
de familias la pobreza. Sin olvidar que esta rebaja de las pensiones
continúa la senda de disminución de salarios emprendida por las reformas
laborales, toda vez que la pensión forma el salario diferido, derecho
de todo trabajador pasado y futuro.
Teniendo
en cuenta que estos “expertos gubernamentales” están ligados, directa o
indirectamente, a diferentes empresas del sector financiero, no es de
extrañar la solución a la que animan a esta población, que pronto estará
empobrecida. Recomiendan la inversión en pensiones privadas, sin
advertir del enorme riesgo y la baja rentabilidad que conllevan.
Y
aquí se puede ver la verdadera motivación de esta contrarreforma de las
pensiones. Una nueva apropiación, por parte del capital financiero, de
un negocio hasta ahora público, de enorme rentabilidad, auspiciada por
la Troika.
Las
pensiones privadas darán menos beneficio mientras exista un sistema
público de pensiones, por lo que alertar sobre la crisis de éste,
desmantelarlo y obligar a gran parte de la población a contratar una
pensión privada (mientras el resto queda condenado a la pobreza), es una
nueva desposesión de recursos públicos, que se destinan hacia el único
sector que se ha venido beneficiando de la crisis; el financiero, la
banca privada.
En
realidad, la reforma del sistema de pensiones está más conectada con
los objetivos del capital financiero que con la viabilidad del mismo o
con el bienestar o la seguridad de los pensionistas.
El
Frente Cívico Somos Mayoría hace un llamamiento a la ciudadanía para
que no se deje engañar por una argumentación falsa e interesada y
manifieste un rechazo frontal al recorte de las pensiones públicas,
reclamando con toda firmeza otra política económica frente a la crisis
que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y
empobrecimiento.
No
permitamos que se pierdan los derechos conseguidos por los trabajadores
de generaciones anteriores y que tanta lucha requirieran.
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