Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
La Unión Europea pretende anular el resultado de las elecciones celebradas en Grecia el pasado 25 de enero. Como era previsible, el Eurogrupo intenta aprovechar las dificultades financieras que atraviesa el país heleno para liquidar definitivamente el programa de Syriza y desautorizar su mensaje. Al exigir nuevas reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones para desbloquear el último tramo del rescate financiero, medidas absolutamente ajenas a las necesidades reales del país, la Unión Europea evidencia que su estrategia de negociación no responde a motivaciones de índole económica, sino política: se trata, ante todo, de subvertir el proceso democrático y quebrantar la soberanía de Grecia, enviando al mismo tiempo un elocuente mensaje a los países de la periferia, y muy especialmente a España, que tiene a la vista las elecciones generales más importantes de su historia reciente. En este contexto, cabe preguntarse por la auténtica naturaleza del experimento social y político al que se enfrentan los pueblos del sur de Europa. ¿Qué está pasando en el Viejo Continente?
Debemos a David Harvey la acuñación de la expresión acumulación por desposesión, que describe la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación en el capitalismo contemporáneo, similares a las observadas por Marx en la fase primitiva de este sistema económico. A juicio de Harvey, estas prácticas revisten formas diferentes en contextos distintos, pudiendo mencionarse a título ejemplificativo la privatización de activos públicos, la mercantilización de la fuerza de trabajo o la apropiación de los recursos naturales en el marco de procesos coloniales. El modus operandi de este régimen de acumulación consiste en utilizar el sistema de crédito como palanca de desposesión, atribuyendo al Estado un especial protagonismo con su monopolio de la violencia y su definición de la legalidad. O, por emplear las palabras de Harvey, “la perversa alianza entre los poderes del Estado y los comportamientos depredadores del capital financiero constituye el pico y las garras de un capitalismo buitresco que ejercita prácticas caníbales y devaluaciones forzadas” mientras invoca hipócritamente los más altos valores de la democracia.
En nuestra opinión, la evolución que ha experimentado la economía europea desde que empezó la crisis económica constituye una buena muestra de acumulación capitalista depredadora y especulativa. El endeudamiento de los países periféricos ha derivado en un estado de servidumbre por deudas que, con la mediación de la Unión Europea, está siendo utilizado para propiciar una gigantesca redistribución de activos desde el campo popular al dominio del capital. Esta operación incluye, entre otros aspectos, el desmantelamiento progresivo del Derecho del Trabajo, la privatización de empresas públicas o la abolición de conquistas históricas logradas por los trabajadores tras la intensa lucha de clases que se desarrolló con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, la desposesión se está llevando a cabo contra la voluntad de las poblaciones periféricas, que asisten atónitas a la imposición de programas económicos asombrosamente similares entre sí con independencia de las circunstancias de cada país. Como siempre, el aparato represivo del Estado juega un papel fundamental en la consolidación y desarrollo de tales procesos.
Llegados a este punto de la exposición, quedan pocas dudas sobre la auténtica naturaleza del fenómeno al que nos hemos referido en los anteriores párrafos. Los países del sur de Europa están siendo sometidos a un proceso de acumulación por desposesión, en el marco de una intensificación sin precedentes de la explotación de los trabajadores. Un balance provisorio muestra, en primer término, una redistribución profundamente regresiva del ingreso y un reordenamiento del equilibrio de fuerzas en beneficio del capital. Desde 2010, los salarios reales han retrocedido en casi todos los países europeos, destacando por su intensidad las caídas experimentadas en Grecia (20 por ciento), Portugal (7 por ciento) y España (6,4 por ciento). Tales datos evidencian la inversión del patrón distributivo vigente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, delineando un escenario caracterizado por la recomposición del beneficio empresarial a través de la confiscación salarial.
Conquistas históricas como la sanidad y la educación públicas están siendo mercantilizadas, acentuando la vulnerabilidad de sectores cada vez más amplios de la población. En la actual fase de su desarrollo, la Unión Europea no sólo constituye un mercado unificado, sino que, por emplear la expresión de Polanyi, apunta a la conformación de una sociedad de mercado, es decir, una sociedad plenamente mercantilizada en la que los derechos sociales aparecen fagocitados por el mercado. En este contexto, y muy especialmente en el ámbito de los países periféricos, la transición neoliberal se viene produciendo por la vía de neutralizar las capacidades de intervención pública en la economía, convirtiendo a los pueblos del sur de Europa en rehenes del mercado autorregulado. La capitulación del Estado social y la mercantilización de las relaciones sociales alimentan un darwinismo social despiadado que selecciona a los más aptos en detrimento de los más débiles: parados, pensionistas, enfermos, trabajadores precarios… El resultado es un paisaje aterrador caracterizado por una precariedad galopante, obscenas desigualdades sociales y un dramático aumento de la pobreza.
Sin embargo, a medida que se descomponen las redes de solidaridad, aparecen las condiciones para una movilización sociopolítica capaz de poner en cuestión el entramado neoliberal de la Unión Europea. O, por decirlo de otra manera, la mutilación de la democracia en países como Grecia o España ha provocado una grave crisis de legitimidad y ha reforzado el protagonismo de los movimientos sociales en el ámbito político, reintroduciendo la vieja distinción entre un país real atravesado por rupturas y contradicciones y un país legal incapaz de atender las reivindicaciones de los ciudadanos. La proliferación de problemas sociales y la acumulación de demandas insatisfechas alimentan una movilización creciente de las clases populares que puede desalojar del poder a los gobiernos neoliberales, como efectivamente ha sucedido en Atenas y podría ocurrir en otros lugares. No obstante, está por ver si este proceso puede extenderse más allá de Grecia, donde predomina la influencia de un combativo movimiento obrero desde que empezó la crisis económica.
Lo que parece indudable es que cualquier fuerza política que pretenda romper realmente con el neoliberalismo, y no sólo sustituir unos gobiernos por otros, debe plantearse la cuestión de la soberanía y enfrentarse a la Unión Europea como tal. En nuestra opinión, el inicio de una era post-neoliberal sólo puede producirse sobre las ruinas de la actual Unión Europea y en el marco de una reestructuración radical del poder económico y social en favor de los trabajadores. Negar esta realidad o no atreverse a enfrentarla conduce invariablemente a la derrota ideológica y favorece a las fuerzas que alientan la recomposición del dominio neoliberal. La clave es construir un discurso global que articule adecuadamente el secuestro de la democracia, la deslegitimación de la política y la acumulación por desposesión que se ha desencadenado en Europa, otorgando coherencia y eficacia al aluvión de reclamos populares que expresan el sufrimiento de las grandes mayorías sociales.
