Manifiesto

Pedro Montes
Ex Economista del Banco de Expaña y
Miembro del Frente Cívico Somos Mayoría .

Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana.

La dramática situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.

La red en la que estamos atrapados  está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB,  son datos que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales fundamentales.

Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis  general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente aplicado, pero aun a  riesgo de simplificar el análisis para desentrañar  las soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de esta desoladora situación.

Como ahora se reconoce, no había condiciones  para implantar una moneda única  entre países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra parte,  un marco propicio para implantar políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido en  la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.  Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible con la Europa de  Maastricht.

Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo del  tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.

Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española frente a  otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo largo de la década del  2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior.  Las entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente en América Latina.

Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional,  por las facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con rigor. Con el  cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.

El sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado  de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa por la autoridad monetaria.  Al final de 2007,  la deuda en circulación del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al  final de 2012 había subido a 688,000  millones,  el 65% del PIB, y sigue aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.

Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el talismán engañoso  de la solución a la crisis.

Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y  se despeña hacia una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados. Los pasivos  exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa  competitividad,  y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.

La sociedad en una encrucijada.

¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar  en los ajustes,  en la  austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española, como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se desfondará en el abismo,  con unas consecuencias sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.

El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social, finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su  política suicida, pero sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.

Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado el error de cálculo cometido con el  sí crítico a Maastricht, denuncian ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con coherencia la Europa construida.

Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican  la Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa, aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía perdida de cada Estado.

El fracaso del proyecto de construcción  de Europa es inocultable, con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se desbaratará la insostenible situación existente.

A los firmantes de este manifiesto  nos parece claro que la Europa de Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras  los desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido la democracia y sustraer la soberanía popular.

También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.

Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de defensa  y potenciación de  los servicios públicos fundamentales con un poderoso y progresivo  sistema fiscal, de amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del reparto del trabajo para combatir el paro, de  derogar las contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., y de  abordar un proceso constituyente que permita recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la  Reserva Federal o el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como  institución equivalente.

El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas que se presenten, incluido el sector financiero,  muy comprometido. Por ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades crediticias que no hayan sido nacionalizadas.

Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del Sector público.

No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales. Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la  encrucijada en que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin embargo,  ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas que lo promueven y agudizan,  no podemos mantenernos mudos ni evasivos.  A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra  elección que salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.

Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede representar también una gran oportunidad para  crear una sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente responsable  y libre.

Puedes firmar este documento en : 

http://salirdeleuro.wordpress.com/

Julio Anguita en Málaga

Estimados compañeros,

Con motivo de la FERIA DEL LIBRO DE MALAGA, tendremos el inmenso privilegio de contar con Julio Anguita el Viernes 17 de Mayo. Ello se debe a que estará a partir de las 20:00h, junto con Carmen Reina, en el stand nº24 en el Palmeral de las Sorpresas (Puerto de Málaga) firmando ejemplares de su último libro "Conversaciones sobre la III Republica".

La revuelta de los privilegiados

Juan Rivera

FCSM Córdoba

En anteriores artículos hemos definido a la situación política, económica y social que nos está tocando vivir en los últimos años como “revuelta de los privilegiados”¹ .Englobamos en el concepto  las actuaciones que la oligarquía dominante española ( al alimón con la europea y mundial ) está llevando a cabo en todos los ámbitos de nuestra vida y que tienen como meta un nuevo “contrato social” que garantice ,sin discusión, su hegemonía de clase.

    Esta apuesta combina el dominio económico de un capitalismo sin ataduras que rompe derechos sociales, laborales o colectivos a través del trauma ( despidos, desinversión, deslocalizaciones...) o el shock ( amedrantamiento colectivo ) y la sumisión social lograda mediante el control de las mentalidades por un pensamiento único y excluyente.

    En esta fase, ademas de pagar como sociedad la factura de la crisis generada por los poderosos, traducida en recortes de todo tipo, quieren que asumamos adosada la ideología del añejo liberalismo doctrinario hispano.

     Para conseguirlo son piezas claves leyes como la Wert o de la estulticia , la de Gallardón o la falsa progresía y las otras que sin duda vendrán. Todas en su ámbito de aplicación – educación, aborto, canonjías a empresarios...- suponen la vuelta al modelo de control que mejor les ha funcionado en la historia contemporánea: el nacionalcatolicismo.

     Persiguen un diseño social en el que primero se crean las condiciones de pobreza global y después se recomienda como paliativo el rezo, la paciencia y la resignación. Sustituyen la Justicia por la caridad.

     El paso previo:moldear las mentalidades insumisas. Nada mejor entonces que cambiar la escuela pública,laica y - en la que tod@s caben- por la escuela del adoctrinamiento.

      Lo ven factible y lo llevan a cabo en sus laboratorios de experimentación social ( comunidades de  Madrid y Valencia a la cabeza ).Vacían de recursos a la enseñanza pública trasladándolos a la enseñanza controlada por la Iglesia. A la par vuelven a incluir en el curriculum académico de los centros que aún escapan al ideario, la asignatura de Religión. Esta vez con mayor rango.

     Todo unido a la aniquilación de las competencias profesionales de un profesorado cada vez más ninguneado. Se trata de crear masas de analfabetos susceptibles de ser utilizadas como mano de obra barata, que no rechisten y que cuando coreen el “ si se puede” estén pensado en evitar que su equipo de fútbol baje a segunda división no en revertir las situaciones injustas.

     Buscan la vuelta de la mujer al mundo de la cocina y cuidado de los hijos del que nunca debió salir. De ahí el control de los úteros amparados en sus dogmas de fe, la penalización del aborto. Obvian que ninguna mujer es obligada a abortar y la que desee por cuestiones de creencias seguir adelante con un embarazo no deseado lo hará sin ninguna cortapisa. Y que el aborto es un drama para quien lo vive, no un capricho.

     Han trazado la línea. En el lado correcto, el que cae a la derecha de Dios, están los privilegiados de siempre y la cohorte de criados, esclavos y paniaguados que le hacen la ola.

     En el equivocado, el populacho que de momento y hasta que inventen algo sustitutivo, sólo es útil porque debe acudir a votar cada cuatro años y hasta ahora siempre ha refrendado con sus papeletas las tropelías.

     Ellos tienen claro su objetivo. Nosotros deberíamos tener igual de nítida la respuesta a las agresiones. Como punto de partida, articular la Resistencia. No hacer caso a los cantos de sirena que ponen sobre la mesa el “ ¿para qué las movilizaciones, las huelgas, las protestas, si no sirven para nada?”

     Después el Contraataque, la impugnación total al sistema imperante pero alineando junto a los “Noes” propuestas alternativas, que vayan de la petición de la Renta Garantizada Ciudadana a los escraches por los Desahucios, de las marchas organizadas por las Asambleas de parados a la proclamación de la ilegitimidad de la Deuda pública.

      El PP es la encarnación del testaferro de la clase dominante. Pero como decía Groucho Marx, “ si no le sirven tengo otros”. No olvidemos que hoy los mandamases están aplicando su programa de máximos, pero si la sociedad reacciona y los cuestiona volverán, como han hecho tantas veces en la historia, a bajar el listón, moderar sus pretensiones y presentarán una cara más amable, travestida de izquierda, que preserve sus intereses.

     Por tanto la respuesta no sólo puede venir en forma de contrapeso electoral si éste no se ancla en propuestas programáticas claras, concisas e irrenunciables.

     La actuación gubernamental del PP es ilegítima en su origen. En primer lugar, las medidas de ajuste y exterminio del Sector Público no estaban en su programa electoral y por lo tanto no han sido votadas por sus electores. En segundo lugar no pueden confundir una mayoría absoluta de escaños propiciada por una Ley Electoral tramposa con una mayoría absoluta social. Si estas afirmaciones son falsas tienen una vía de comprobación rápida: convocando a los españoles a votar.

     No debemos andar con medias tintas. Quienes quieran ser alternativa y no alternancia deberían empezar a decir a la ciudadanía que todas las leyes del PP se anularán en el primer minuto del cambio de ciclo político. Que, por ejemplo, la ley del Aborto volverá a ser de plazos y que en Educación se apostará por la Pública y la desaparición del sistema de conciertos con la salida de la Religión como asignatura de la escuela y su anclaje en el ámbito privado del que nunca debió salir. Así con todas.

     También proclamar que a las Privatizaciones seguirán Nacionalizaciones. Advirtiendo a las empresas que están haciendo negocio con el desmantelamiento de la Sanidad o las prestaciones públicas que actúan como peristas al adquirir propiedades que saben producto de un saqueo, de un robo colectivo a la ciudadanía. Lo que llamarán "expropiación" sólo será recuperación o restitución a sus verdaderos dueños, todos nosotros.

      Nos están aplicando desde hace años el refrán de “ A Dios rogando y con el mazo dando”. Hoy se hace más necesario que nunca devolver las creencias al mundo privado y que sean otras cabezas, no las nuestras, las de siempre,quienes soporten las consecuencias de las decisiones políticas de un Gobierno que, por una vez, mirase a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

1 Fase anterior a la etapa revolucionaria francesa en la que los grupos privilegiados impusieron su “santa voluntad” al resto de la sociedad sin tener en cuenta el daño que causaban ,

Entrevista a Julio Anguita

Acto Público en Villanueva de Algaidas

Noelia Durán Sierras

Coordianadora FCSM-Comarca Norte de Málaga

El pasado Jueves día 2 de Mayo celebramos en Villanueva de Algaidas la presentación del Frente Cívico. Nos reunimos en el Salón de Actos del Ayuntamiento y hubo una gran acogida, algo más de 40 personas. Antes de nada, mostrar nuestro agradecimiento a todos los asistentes por el interés mostrado, por cedernos el espacio municipal para hacer posible este encuentro y por la activa participación en el mismo. También agradecer a los cuatro compañeros que han iniciado este proyecto en la localidad y que han trabajado con agilidad dando difusión al evento y haciéndolo posible en poco tiempo. Nos alegra además saber que había asistentes de localidades vecinas, como Cuevas Bajas o Villanueva de Tapia, en las que próximamente celebraremos la presentación del Frente Cívico también. Gracias a todos!!

En una primera parte de la presentación se dio a conocer el Proyecto, sus inicios, la andadura que nos ha llevado a ser asociación y las próximas fechas del 6-7 de Julio como Asamblea Constituyente a nivel estatal. También se explicaron las campañas que se están llevando a cabo actualmente, la de la deuda y la del boicot a las eléctricas, y que esperamos poder llevar a cabo en pocas semanas en la localidad. 

La segunda parte fue de participación colectiva, muy constructiva, y en la que se plantearon dudas y debates entre los asistentes. 

En resumen, una jornada motivadora y de las que dan ánimos a seguir caminando. 

Muchas gracias a todos y bienvenidos!

De la reforma laboral a la reforma penal: todos a la cárcel

Héctor Illueca
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas por el Partido Popular están provocando una silenciosa redefinición de las funciones del Estado progresivamente conquistadas luego de un trayecto secular. De manera relativamente rápida, el Estado reduce su intervención social al tiempo que refuerza los dispositivos disciplinarios mediante la intensificación de su intervención penal. Como si fuera una persona arrepentida de haber sobreprotegido a sus hijos, el Estado neoliberal se dispone a tratar severamente a los ciudadanos, criminalizando la miseria y elevando la acción penal a la categoría de función pública prioritaria. De este modo, la cansina apelación al orden público del Gobierno del Partido Popular constituye el reverso inevitable de la normalización del trabajo precario y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Veamos. El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó una reforma laboral que consagraba el abaratamiento del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, con el fin de inducir un violento retroceso salarial y un no menos feroz ajuste de plantillas en las empresas. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, las consecuencias más dramáticas de la acción gubernamental encuentran reflejo en los diferentes datos estadísticos: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 situaba el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73), mientras la última Encuesta de Población Activa eleva el número de parados a un nuevo máximo histórico, 6.202.700 personas, con una tasa de desempleo del 27,16% de la población activa.

Poco después de la aprobación de la reforma laboral, el Ministro del Interior anunció la tramitación de una importante reforma del Código Penal, cuyo principal objetivo parece ser reprimir y criminalizar las crecientes protestas contra las políticas de austeridad. Esta iniciativa, que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial, se encuentra actualmente en sede parlamentaria y, entre otros aspectos, prevé que la resistencia pasiva a las fuerzas de seguridad se considere como delito de atentado a la autoridad, lo que podría abarcar una amplia gama de comportamientos hasta ahora no penalizados: por ejemplo, realizar una sentada colectiva durante una manifestación o encadenarse por los brazos para evitar un desahucio. También se pretende tipificar como delito la difusión por Internet de convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público, lo que probablemente evoca, en la intención del Gobierno, la manifestación acaecida el 15 de mayo de 2011 y las diferentes movilizaciones que la sucedieron.

En nuestra opinión, ambas reformas están relacionadas entre sí y suponen la culminación de un proceso iniciado en la década de los noventa y orientado a la generalización del trabajo precario por medio de la coerción política. O, por expresar la idea con mayor precisión, se trata de sustituir nuestro modesto e incompleto Estado de bienestar por un Estado penal que sea capaz de imponer el trabajo mercantilizado como norma societal. La filosofía que subyace a este proceso es la de un Estado crecientemente invasivo y represor de una población atenazada por el desempleo y la precariedad laboral, que contempla atónita la obscena tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados de la sociedad. De este modo, el progresivo debilitamiento del Estado social conlleva un crecimiento distópico del aparato penal, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Ciertamente, las estadísticas avalan un incremento fulminante de la población reclusa durante los últimos veinte años, coincidiendo con la llegada a nuestro país del llamado neoliberalismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1990 y 2010 la población penitenciaria española prácticamente se duplicó en términos relativos, pasando de 85 a 160 reclusos por cada cien mil habitantes, lo que implica un incremento superior al 90 por ciento. Es muy significativo que la actual hipertrofia carcelaria haya despertado el interés del Defensor del Pueblo, que en reiterados informes ha venido denunciando la masificación y el hacinamiento de los presos como hechos que afectan a la dignidad de las personas y constituyen una pena adicional no prevista por el legislador. A la vista de tales datos, parece que debemos dar la razón a Eduardo Galeano cuando afirmaba que, para dar libertad al dinero, había que encarcelar a la gente.

Partiendo de esta base, la crisis económica que asola nuestro país ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de criminalizar la miseria para acelerar la transición hacia un Estado darwinista que se repliega sobre sus primitivas funciones de mantenimiento del orden público, en detrimento de su actividad tradicional en materia económica y social. En una situación de desempleo masivo y precariedad generalizada, el aparato penal se erige en instrumento imprescindible para someter a los sectores insubordinados y reafirmar el monopolio del Estado sobre la violencia institucionalizada. La mano invisible del mercado, tan cara a la tradición liberal, encubre y disimula un verdadero puño de hierro que concentra la enorme fuerza del Estado hobbesiano para imponer el trabajo precario y recluir o amedrentar a los sectores insumisos del naciente orden social.

Curiosamente, no es la primera vez que el liberalismo radical defiende y estimula la creación de un aparato penal destinado a contener las consecuencias deletéreas de la desregulación social y laboral. La huelga, por ejemplo, constituye un fenómeno social percibido con desconfianza por parte del poder político, que históricamente ha tratado de imponer restricciones o limitaciones de variada naturaleza. Recordemos que en una primera etapa era considerada como delito en los Códigos penales europeos, prolongándose tal situación hasta bien entrado el siglo XIX. El reconocimiento legal del derecho de huelga se produjo posteriormente, tras una larga historia de violencia y represión de la que el movimiento obrero fue especialmente víctima. Importantes personalidades liberales como Lloyd George, Theodore Roosevelt o Walter Lippmann, por citar sólo algunos ejemplos, invocaron y justificaron la violenta represión de los trabajadores mientras defendían el principio de intervención mínima en la economía.

Al igual que sus predecesores, los ideólogos neoliberales apelan abiertamente a la violencia del Estado para reprimir o contener los efectos devastadores del laissez-faire. En esta ocasión, sin embargo, los destinatarios de la oleada represiva no son sólo los sindicatos de trabajadores, sino también, y preferentemente, los sectores populares que están protagonizando las diferentes luchas sociales desencadenadas por la crisis: desempleados, estudiantes, trabajadores precarios, hombres y mujeres que lo han perdido todo y están viviendo esta época como un profundo terremoto social y cultural. La anunciada reforma del Código Penal o el intento de criminalización de los escraches protagonizados por la PAH son sólo una muestra de la nueva doxa punitiva concebida para atenazar a las regiones inferiores de nuestro espacio social.

Ya no es posible ocultar que las razzias policiales observadas en Valencia, Madrid o Barcelona persiguen objetivos políticos y mediáticos, mucho más que judiciales. La respuesta gubernamental al creciente y justificado enojo ciudadano es el recurso al uso generalizado o la amenaza de la fuerza como medio de dominación. La crisis de legitimidad se extiende a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Es muy importante que todos comprendamos que las políticas de austeridad no sólo ponen en entredicho los derechos económicos y laborales conquistados durante generaciones, sino también los derechos políticos reconocidos al término de la dictadura. O, por decirlo con otras palabras, la salida de la crisis que el Partido Popular está tratando de imponer no sólo es incompatible con el Estado de bienestar, sino también, y fundamentalmente, con la democracia.

Fuente : Diario Público